Los doce apartamentos ilegales de Cala Llamp, sobre los que, desde septiembre de 2013, pesa una sentencia del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma que insta a su derribo, han vuelto a alquilarse a turistas durante este verano de 2017. E igual que el año pasado, cinco de los ocho propietarios de los 12 apartamentos siguen negándose a abrir las puertas de sus inmuebles para que funcionarios del Ajuntament d'Andratx puedan efectuar el indispensable peritaje previo al cumplimiento de la resolución judicial, firme, que ordena el derribo de las viviendas.
«Todo sigue igual que hace un año», reconoce el primer teniente de alcalde de Urbanismo del Consistorio andritxol, Jaume Porsell (PP), quien achaca estos 12 meses de inacción al hecho de que el citado juzgado no ha cursado la orden que los propietarios de los apartamentos exigen para dejar entrar a los técnicos municipales que deben inspeccionar los inmuebles antes de proceder a su demolición.
Hace ya un año y cinco días, este rotativo informó que cinco de los ocho propietarios de los 12 apartamentos ilegales de Cala Llamp habían remitido otros tantos escritos a Porsell, a la sazón alcalde de Andratx, en los que le notificaban su oposición al acceso de los funcionarios a sus viviendas, mientras el Consistorio no aportara, previamente a la entrada de los técnicos, copia original de una autorización u orden judicial.