Un informe jurídico del Ajuntament de Petra apunta a la existencia de posibles delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias por parte de la exalcaldesa de la localidad, Caterina Mas (MÉS), al posibilitar la prescripción de una multa de 58.000 euros. Se trata de una sanción urbanística por unas obras ilegales en la construcción del almacén de una ferretería de su marido y un socio. Mas ocupa ahora un cargo en el IMAS, en el Consell de Mallorca.
El Ajuntament concluyó que las obras se hicieron de forma ilegal en suelo rústico y fijó una sanción inferior a 60.000 euros, a pesar de que se calculó que las obras tuvieron un coste superior a los 150.000 y que la multa obligaba a la demolición de las obras por no ser legalizables. La ilegalidad fue confirmada posteriormente tras un proceso contencioso en los tribunales, a raíz del cual uno de los infractores comenzó a hacer pagos parciales de la multa de que se interrumpieron en 2011 y se recuperaron en 2013 de forma temporal. El total abonado no llega a los 4.000 euros de los 58.000 totales.
Cuando en octubre del año pasado el actual alcalde, Martí Sansaloni, presentó un procedimiento para cobrar la multa por la vía ejecutiva, los afectados alegaron que la sanción había prescrito por lo que ya no tenían que pagar.
El alcalde solicitó dos informes, uno interno al Ajuntament y otro externo a un jurista, y ambos concluyen que la actuación puede ser constitutiva de delito. El informe del Consistorio considera que la exalcaldesa tuvo «conformidad» con un acuerdo ilegal para que un sancionado pagara una multa de forma aplazada y también apunta que puede existir un delito de falsificación de documento público, tipificados con penas de inhabilitación y cárcel.