«Lucharemos hasta el final. Nada ni nadie nos parará». Así de contundentes se muestran los miembros de la nueva Associació Balear Defensora del Món Rural, recientemente creada en el Pla de Mallorca para mostrar su rechazo a la ampliación de las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA). A ellos también hay que añadir la postura contraria de Asaja que ya se ha puesto en contacto con agricultores y representantes políticos de Santa Margalida, Porreres, Maria y Vilafranca para hacer frente común contra la propuesta de la Conselleria de Media Ambient i Agricultura. Además del sector agrícola, el rechazo también llega por parte de agrupaciones de cazadores que ven peligran su actividad.
La primera acción de protesta tendrá lugar este sábado con un berenar reivindicativo en la plaça de Maria de la Salut organizado por la nueva asociación. Con ello, se inicia un calendario de movilizaciones que pretenden que el Govern de marcha atrás en esta declaración todavía en exposición pública. Tras este acto, que quiere ser multitudinario, se hará una recogida de firmas, se solicitarán reuniones con los responsables de Medi Ambient, e incluso advierten que no descartan una gran tractorada. «Haremos lo que haga falta. Nuestros sentimientos están en estas tierras», dicen.
El presidente de la asociación, Bartomeu Bergas Mas, explicó que «hay mucha gente afectada, sobretodo en Maria. Un 80 % de la población tiene fincas en el Pla des Blanquer ya que los terrenos están muy parcelados. En nuestra asociación hay payeses, ganaderos, cazadores, propietarios de tierras, somos muchos los afectados».
«Con la declaración de ZEPA entendemos que las tierras perderán valor, ello podría llevar a un abandono de las mismas y es una cadena. Si las tierras no se cuidan, no habrá caza, no habrá rapaces y la agricultura es necesaria también para el turismo», añade Bergas.
Por su parte, desde Asaja califican la ampliación de «arbitraria» ya que el Govern ha hecho la propuesta «sin consultar a los afectados», apunta gerente de la asociación agraria, Joan Simonet, quien recuerda que la Unión Europea establece que las Zepas deben consensuarse con los afectados.