Las pruebas turístico deportivas que implican el cierre de carreteras, como ocurrirá este sábado a raíz de celebración de la Mallorca 312, son eventos con un evidente interés económico pero es igualmente cierto que causan un perjuicio a los residentes. El reto es hallar el punto de equilibrio, y por ello debería haber una regulación. Este es el análisis y el diagnóstico que hacen el Consell de Mallorca y los alcaldes consultados por Ultima Hora.
El Consell aprobó este jueves la marcha cicloturística Mallorca 312. Pero el domingo hay otras dos (no tan importantes) y el siguiente fin de semana llega el turno de la Ironman, que volverá a comportar el cierre de un elevado número de carreteras del norte de la Isla. El Consell y los alcaldes son partidarios de fijar límites. En una reunión mantenida entre los ayuntamientos de los 25 municipios afectados y el Consell se propuso autorizar únicamente las de mayor renombre, las que ayudarán a desestacionalizar la temporada turística.
Otro punto de discusión es el coste que la organización de estos eventos causa a las arcas públicas: agentes de policía haciendo horas extraordinarias, poner y quitar vallas... En algunos municipios la prestación de estos servicios está regulada mediante ordenanza.
Debe recordarse que la Guardia Civil movilizará un centenar de agentes –algunos de ellos venidos expresamente de Menorca y la Península– a raíz de la prueba.