El empresario Alfonso Cortina no podrá volver a su villa en Formentor mientras el juez no se pronuncie sobre si la vivienda debe o no ser demolida.
El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) considera que la imposibilidad de uso de una vivienda de vacaciones tiene un efecto negativo menor que el perjuicio que causa al orden urbanístico el uso ilegal de viviendas ilegales. Por ese motivo el tribunal acaba de desestimar el recurso de apelación que presentó Cortina contra el decreto del 18 de agosto de 2015 por el que el alcalde dictó la prohibición de uso de la vivienda por carecer de título habilitante. En el mismo decreto se ordenó el corte de los suministros de agua y electricidad que, en este caso, sí fueron restituidos por orden judicial.
El TSJB anuló en diciembre de 2014 la licencia de obras que el Ajuntament de Pollença concedió en 2005 a Alfonso Cortina debido a su «monumental impacto visual». Los jueces concluyeron que, a pesar de ser suelo urbano, el entorno de Formentor debe preservarse y que la edificación limitaba el campo visual y la belleza natural del paisaje. La sentencia concluía la necesidad de demoler la vivienda «si es que no fuera ahora legalizable», lo que provocó la apertura a instancias del empresario de un expediente de legalización que planteaba básicamente esconder el chalet bajo una cobertura vegetal integral. La propuesta no convenció a los técnicos municipales, que informaron en contra del proyecto y advirtieron de que el proyecto ejecutado no se correspondía con el que obtuvo la licencia en 2005, dado que tiene una planta de más.
Finalmente será el juez quien determine en base al citado expediente si la vivienda debe o no ser demolida y hasta que punto.
Durant massa anys segons quins governs municipals, insulars i autonòmics han tengut molta màniga ampla amb el tema de les llicències (que després han resultat ser il.legals, amb la inseguretat jurídica que això suposa) i ara, quan se vol cumplir la llei, ens trobam els resultat. Sempre pens en el cas dels pobres Campaners que han estat 25 anys pagant de les seves butxaques la dèria de l'ajuntament de Campos d'intentar legalitzar els famosos apartaments i el deute que pagaran durant anys pel cost que ha suposat incloent l'esbucament i la restauració dels terrenys.