Josep Alonso, letrado conocido por haber intervenido en varios pleitos con trasfondo medioambiental (es el caso del pleito contra la circunvalación de Alcúdia que causó daños irreparables en Maristany), ha decidido plantar cara ahora al proyecto de ampliación del puerto deportivo de Alcúdia. Asegura que la propuesta incumple el Plan de Usos del puerto y la normativa urbanística local. El consejo de administración de la Autoritat Portuària aprobó hace una semana una prórroga de 12 años en la concesión de Alcudiamar.
El plazo para presentar alegaciones contra el proyecto expiró hace aproximadamente un año, pero Alonso, que en su día no alegó, una vez conocido el proyecto ha remitido dos escritos a la Autoritat Portuària (a través de la ventanilla única del Ajuntament) con el objeto de paralizar la ampliación y la nueva propuesta de delimitación de espacios y usos portuarios, esta última pendiente de aprobación.
Alonso carga contra la Autoritat Portuària a la que acusa de hacer «un negocio redondo, una magnífica operación propia de la burbuja inmobiliaria que, ahora, con las políticas de expansión monetaria, parece que vuelve a resurgir en espacios únicos y privilegiados de la primera línea de mar». Alonso sostiene en sus escritos que la Ley 18/2014 de 15 de octubre de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, bajo la que se ampara la prórroga de la concesión y, por consiguiente, la ampliación del puerto deportivo, «no es más que una falacia que fomenta el clientelismo político y el denominado capitalismo de amiguetes».