El Ajuntament de Campos tiene previsto ingresar 1.146.744 euros o más –pueden hacerse propuestas al alza– en concepto de explotación de los diferentes lotes de chiringuitos, hamacas y sombrillas de las playas de sa Ràpita, ses Covetes, es Trenc y els Estanys.
De esta manera, y un año más, el Consistorio campaner cuenta con esta importante suma de dinero para afrontar el año 2014. En el BOIB de ayer salían publicados los diferentes lotes para su licitación a los que pueden presentarse los interesados antes de 10 días naturales. En el baremo de puntuación elegido para la concesión de los lotes se suman 75 puntos por mejorar el precio de salida de la licitación, 15 puntos por la manera de pago y otros 10 puntos si el concesionario se compromete a realizar la limpieza de la playa, durante todo el invierno, más allá del 30 de noviembre estipulado.
Este año los precios de licitación de cada lote se mantienen muy similares a los del año pasado, siendo así el famoso chiringuito número ocho de es Trenc, sigue en sus 177.000 euros, un precio que se aproxima a los 264.455 euros (44 millones de pesetas) que ingresaba el Ajuntament de Campos por todos los lotes en el año 2000.
El resto de bares de playa o chiringuitos oscilan entre los 80.000 euros de precio de salida para el de la playa dels Estanys, junto a la Colònia de Sant Jordi y los 160.775 de otro bar de la playa de es Trenc. Por lo que hace referencia a los lotes de hamacas y sombrillas el más importante es el compuesto por 430 hamacas y 215 sombrillas también de la playa de es Trenc.
De esta manera, un año más, el Ajuntament saca a concurso los diferentes lotes para que los adjudicatarios puedan aprovechar las fiestas de Semana Santa para así ya poder abrir las puertas de sus chiringuitos para recibir a los primeros usuarios de las playas.
Hay que recordar que el año pasado la adjudicación de los lotes de las playas estuvo marcado por la paralización realizada desde el Tribunal debido al derribo a los apartamentos ilegales de ses Covetes y las consecuentes protestas de los trabajadores y posibles adjudicatarios por las «irreparables» perdidas económicas