El Ajuntament d'Inca no privatizará por ahora el agua potable. El alcalde, Rafel Torres (PP), decidió ayer en el último instante aplazar temporalmente la externalización a la vista de una reciente ley que autoriza a los consistorios a gastar el superávit de los ejercicios 2012 y 2013 en infraestructuras «sostenibles». Esta ley debe permitir al Ajuntament disponer del dinero para acometer la reforma del Teatre Principal y hacer obras de mejora en la red de agua. Como el alcalde defendía que la privatización obedecía a la necesidad de asegurar la financiación para estas obras, Torres quedó ayer sin argumentos y suspendió el proceso.
La noticia cogió a muchos por sorpresa. Las negociaciones entabladas la semana pasada entre la oposición y el equipo de gobierno para llegar a un acuerdo sobre el agua no fructificaron, de forma que la convocatoria del pleno para cerrar definitivamente la privatización se mantuvo para ayer. Poca gente confiaba, pero, en un cambio de opinión del PP.
El pleno comenzó con una larga intervención del edil de Hacienda, Antonio Aguilar, en que defendió los beneficios de la externalización. Le siguió el portavoz del PSOE, Xavier Ramis, que habló en nombre de toda la oposición. Ramis reveló que el BOE del sábado publicaba una ley que autorizaba al Ajuntament a gastar los varios millones de euros que posee del superávit de 2012 y 2013, y dijo que se podía reformar el teatro sin externalizar el agua. Entonces Torres dictó un receso y se reunió con los líderes de los otros partidos. Al acabar, suspendió el pleno.
«De momento»
Torres aclaró que la privatización no está definitivamente descartada, sino suspendida. Matizó que dentro de dos meses (al adjudicar la rehabilitación del teatro) retomará el trámite si no dispone de los casi 5 millones que necesita.
Por su parte, los tres partidos de la oposición se felicitaron por la suspensión y se atribuyeron el mérito. Hay que señalar también que unas 50 personas asistieron al pleno para protestar contra la (prevista) privatización.