La licitación del servicio de recogida selectiva de Sóller, por un plazo de 10 años y más de dos millones de presupuesto, se está convirtiendo en un auténtico campo de batalla jurídico, político y social antes de su adjudicación. Ayer un pleno extraordinario sirvió para poner punto final a la paralización del proceso de contratación, que había conseguido la presentación de diferentes recursos y reclamaciones.
En total durante la semana se han presentado 196 escritos contra las bases de un concurso que ha de servir, en palabras del alcalde «sólo para mejorar un servicio que actualmente se presta en condiciones jurídicamente precarias».
Problemática
De estas 196 alegaciones, la mayoría son idénticas y han sido recogidas por la oposición después de que las firmaran diferentes ciudadanos preocupados por esta problemática ambiental. La fundación Deixalles Sóller, actual gestora, también ha presentado dos reclamaciones al pliego de cláusulas igual que otra empresa, Sóller Recicla, que también quiere optar a la adjudicación.
Todas ellas fueron ayer desestimadas. Desde el equipo de Gobierno se rechazan de forma contundente las críticas y recuerdan que el pliego de cláusulas «no tiene más objetivo que conseguir un buen servicio y, al contrario de lo que se pretende insinuar, no contiene más que parámetros técnicos revisados tanto por los servicios municipales como por especialistas del Govern».
Reposición
Mientras tanto la oposición ha dado otro paso adelante y ha presentado un recurso de reposición al acuerdo de Pleno que, el pasado 8 de mayo, aprobó las condiciones.