Han pasado diez años desde que la finca de Son Real abrió por primera vez sus puertas al público convertida en un emblema de la ecotasa. Era la primera gran adquisición patrimonial que realizaba el Govern balear financiada a través del impuesto ecoturístico.
El Govern de les Illes Balears pagó 11,9 millones de euros por la propiedad e inició, primero a través de la sociedad Diversidad 21 y después a través de la Fundació Balears Sostenible una campaña para convertir la finca en un referente turístico, patrimonial y medio ambiental.
Durante un tiempo, las visitas al centro de interpretación habilitado en las antiguas casas de la possessió se completaban con rutas a pie o en bicicleta y una buena muestra de razas autóctonas. Diez años después apenas quedan cerdos, las bicicletas ya no se pueden alquilar y las visitas al museo (que llegó incluso a estar cerrado) se han restringido a los fines de semana. Los audiovisuales no funcionan desde hace más de un mes.
La gestión está hoy en manos de la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear.