Los dos arquitectos que intervinieron en la obra del Hotel Son Moll, Arturo Vila y José Luis Pujol no irán a la cárcel. La Audiencia Provincial ha aceptado parte de los recursos planteados por sus defensas, los letrados Gabriel Garcías y José Zaforteza. De esta considera que el hecho de que hayan satisfecho todas las indemnizaciones y que pidieran perdón durante el juicio justifica que se les conceda como muy cualificada la atenuante de reparación del daño.
En la práctica, esto implica que las condenas por homicidio imprudente y un delito contra los derechos de los trabajadores pasan de los dos años y tres meses que impuso el magistrado de lo Penal a un año y un mes para ambos arquitectos. Ambos quedan de esta manera bajo el límite de dos años que permite suspender la ejecución de una condena de cárcel.
Sentencia
La misma rebaja en la condena se aplica también a los otros tres acusados: los constructores y el jefe de obra, Bartolomé Estelrich, Rafael Fabrer y Juan Bonet. Sin embargo, para ellos el nuevo fallo tiene pocas consecuencias prácticas dado que ya tenían una condena de dos años que podían suspender. Ahora se quedan con un año. La primera sentencia reconocía a los cinco acusados dos atenuantes: el de reparación del daño por el pago de las indemnizaciones y el de confesión. La modificación de la Audiencia consiste en considerar como muy cualificado el primero. Así, la Sección Primera considera que en este caso existe una «especial intensidad y relevancia» en la reparación del daño causado. Valora que ya seis meses después del siniestro se pagó a los familiares de los afectados una cantidad «muy significativa» y el hecho de que los acusados y no solo las aseguradoras hayan contribuido al pago. Por último también tiene en cuenta la Audiencia el hecho de que los acusados pidieron perdón en el acto del juicio a las familias de los fallecidos y a los heridos.
Hechos probados
La sentencia rechaza la petición de las acusaciones de retirar el segundo atenuante, el de confesión. Del mismo modo también desestima la petición de anular parte de los hechos de la sentencia del Juzgado de lo Penal. Así, mantiene los mismos hechos probados que declaran que los arquitectos cometieron graves negligencias en la remodelación del hotel. Su derrumbe en diciembre de 2008 provocó la muerte de cuatro trabajadores.