El juicio contra el exalcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina, por un presunto delito de prevaricación administrativa a raíz del derrumbe del hotel Son Moll, que el 16 de diciembre de 2008 costó la vida de cuatro operarios y causó varios heridos, ha quedado visto para sentencia. El acusado se ha sentado entre este miércoles y jueves en el banquillo y en su declaración reconoció que antes de que sucediera este siniestro sabía que las obras de reforma que se estaban llevando a cabo en el edificio carecían de licencia.
Durante la fase de conclusiones llevada a cabo esta mañana, la Fiscalía ha mantenido la pena que solicitaba inicialmente para el exprimer edil, y que se eleva a nueve años de inhabilitación, mientras que la defensa, ejercida por el abogado Gaspar Oliver, ha pedido la libre absolución para su patrocinado.
El inculpado fue interrogado este miércoles en la vista oral, celebrada en el Juzgado de lo Penal número 3, y en su deposición justificó que, pese a conocer que los trabajos se estaban ejecutando sin permiso municipal, era consciente de que las deficiencias detectadas se estaban subsanando y tan sólo quedaba pendiente la autorización de Costas y de Turismo.
Alzina tenía conocimiento de la ilegalidad de las obras, según la Fiscalía
Por su parte, el Ministerio Público mantiene que, a pesar de que Alzina tenía «pleno conocimiento de que las obras se estaban ejecutando sin la preceptiva licencia municipal desde sus conocimientos así como de la envergadura de las obras, se apartó de su deber de garante del cumplimiento de la Ley».
Así, en su lugar, «amparando la actuación de la empresa promotora que primó celeridad y beneficio económico frente a la seguridad y el respeto a la norma, con total desprecio de la legalidad vidente y por tanto con clara conciencia de su arbitrariedad, no inició el expediente sancionador ni ordenó la paralización de las obras del hotel Son Moll», sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press.
Tal y como señala la acusación pública, la concesión de la licencia estaba pendiente de la subsanación de deficiencias de ocupación y volumen así como las autorizaciones de Costas y Turismo, además de un informe jurídico, pese a lo cual Alzina se habría «apartado de las normas esenciales del procedimiento urbanístico, autorizando en interés exclusivo de la promotora la ejecución de unas obras sin las preceptivas garantías para la seguridad pública y los intereses generales».
Todo ello, prosigue la Fiscalía, sin haberse aprobado el proyecto básico ni presentado el de ejecución, «llegando al punto de permitir la ejecución de unas obras en el ala izquierda del edificio no amparadas en ningún proyecto» y que terminaron con el derrumbe parcial del edificio. No fue, según el escrito, hasta después del suceso cuando el acusado decretó la suspensión de los trabajos de reforma.
Testigos
Entre los testigos interrogados durante la vista oral ha comparecido uno de los celadores municipales, Llorenç Melis, quien ha recordado que durante el proceso de reforma del hotel visitó unas siete veces el edificio y advirtió a Alzina, entonces alcalde y regidor de Urbanismo, de que las obras se estaban efectuando sin permiso municipal y que faltaban deficiencias sin subsanar.
Tal y como afirmó ante el juez Jaime Tártalo, la fiscal Silvia Aigé y el letrado del exprimer edil, Alzina le comentó que se habían corregido las deficiencias y sólo faltaba la autorización de Costas y Turismo. «No se abrió ningún decreto de suspensión de las obras, sólo después del derrumbe», ha aseverado el testigo, quien, a preguntas de la defensa, ha apuntado que si estas autorizaciones hubieran llegado antes el proyecto básico «se habría aprobado porque en principio iban a ser favorables».
Cinco condenados por estos hechos
Cabe recordar que el juez ya condenó a dos años y tres meses de cárcel al arquitecto Arturo Vila y al aparejador José Luis Pujol por este siniestro así como dos años de cárcel a los constructores que intervinieron en los trabajos, Bartolomé Estelrich y Rafael Sancho Febrer, y al jefe de obra Juan Bonet.
En concreto, el magistrado condenó a todos ellos por cuatro delitos de homicidio imprudente, cuatro por lesiones imprudentes y uno contra los derechos de los trabajadores, mientras que aplicó para cada uno de ellos las atenuantes de confesión y reparación del daño producido.