El papel del Ajuntament de Capdepera en el derrumbe del hotel Son Moll, en el que fallecieron cuatro operarios, ha llevado al entonces alcalde, Bartomeu Alzina al banquillo de los acusados. Ayer comenzó el juicio en el que responde por un delito de prevaricación por no detener las obras pese a conocer que se estaban realizando sin contar con licencia. Alzina defendió que la obra cumplía con todos los requisitos municipales y que sólo estaba pendiente de los permisos de Costas y de Turismo que eran inminentes y que, ante esa situación, optó por no detener los trabajos. Además sostuvo que: «En el pueblo mucha gente me dice que la tragedia hubiera ocurrido con o sin licencia. Yo actué con sentido común y fue el primer destrozado por la fatalidad». La Fiscalía solicita para el ex alcalde -ahora apartado de la actividad política- una inhabilitación para ocupar un cargo público de nueve años.
Uno de los celadores municipales recordó que vistió en siete ocasiones el hotel y que advirtió a Alzina de que las obras no tenían licencia y que faltaban deficiencias por subsanar. Indicó que el alcalde le informó de que varias de estas deficiencias se habían corregido. De hecho, según el alcalde, el Ajuntament mantuvo vigilante de la marcha de las obras e indicó que la empresa fue diligente a la hora de subsanar cualquier problema. El celador, a preguntas del letrado de la defensa, Gaspar Oliver apuntó que si las autorizaciones de Turisme y de Costas hubieran llegado antes el proyecto básico se habría aprobado, «porque en principio iban a ser favorables».