El Govern balear tratará de cerrar un acuerdo con los once municipios de las Islas que gestionan residencias públicas para formar un único lote y sacarlas a concurso público. Así lo explicó esta semana el teniente de alcalde de Inca, Felip Jerez, al referirse al déficit presupuestario que supone para el municipio la residencia municipal de personas mayores Miquel Mir. Otros municipios como Pollença, Muro o Calvià, aún no han sido informados al respecto.
«El Govern nos ha planteado esta posibilidad, hacerse cargo no solo de nuestra residencia sino de las de otros municipios para privatizarlas en un único lote porque al fin y al cabo es una competencia que no corresponde a los ayuntamientos», dijo el regidor de Inca, Felip Jerez.
La apertura hace ahora dos legislaturas de un importante número de geriátricos en la Part Forana de gestión privada y con plazas concertadas a través del Govern (las denominadas residencias comarcales que priorizó el gobierno de Jaume Matas) ha provocado el cierre progresivo de las residencias de ancianos de gestión municipal, muchas de ellas heredadas de los antiguos conventos de religiosas que cuidaron de los ancianos en los pueblos de la Part Forana hasta que como consecuencia de la disminución del número de monjas, estos se fueron reagrupando y cerrando de forma paulatina.
Los ayuntamientos asumieron la gestión municipal de los complejos que han intentado desde entonces adaptar a las nuevas normativas vigentes. Los hay que actualmente no están adaptados (es el caso de Pollença) por lo que tienen expedientes de infracción abiertos por parte de las instituciones y otros geriátricos, adaptados actualmente, deberán realizar nuevas inversiones si quieren adaptarse a la nueva normativa que entrará en vigor en 2014 (es el caso de Inca, entre otros).
Dificultades
Las dificultades técnicas de estas adaptaciones, unidas al déficit económico que representa el servicio (Muro tiene un déficit anual de 6.000 euros por cada uno de sus residentes) tienen a los municipios con el agua al cuello.
Algunos como Inca, Muro, Pollença o Calvià, miran con optimismo la propuesta sin olvidar que «se deberá garantizar a través de un convenio la reserva de plazas a precios públicos».