El extécnico de Andratx Jaime Brunet y el promotor Francisco Xamena han reconocido su participación en la construcción de una vivienda ilegal tras pactar una rebaja de pena con la Fiscalía, mientras que el ex asesor jurídico del consistorio Jacobo Rodríguez Miranda ha defendido su inocencia.
Los tres se han sentado hoy en el banquillo acusados de prevaricación urbanística, en el caso de Brunet y Rodríguez Miranda, y de un delito contra la ordenación del territorio, en el de Xamena, dentro de la pieza número 49 del caso Andratx de corrupción urbanística durante la legislatura 2003-2007.
Según relata el fiscal en su escrito, los hechos juzgados se remontan al año 2005, cuando el promotor pidió una licencia para construir una piscina en una zona rústica protegida de Andratx junto a una vivienda que, según se vio luego, se había edificado ilegalmente.
En la solicitud de licencia el propietario aportó una hoja registral en la que ponía que en la parcela había una vivienda en ruinas, junto a unas fotos de una casa nueva que pretendía ser la casa derruida.
A pesar de ello, sostiene el fiscal, Brunet informó a favor de la licencia, al igual que Rodríguez Miranda, tras lo que la Junta de Gobierno concedió la licencia.
«Con los informes de los acusados se posibilitó la concesión de una licencia para construir una piscina en terreno protegido junto a una vivienda familiar aislada ilegalmente construida, legalizando de facto dicha construcción ilegal», resume el ministerio público.
Tanto Brunet como Xamena han reconocido hoy en el juicio los hechos relatados por el fiscal, después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la acusación del Ayuntamiento de Andratx, ejercida por Isabel Fluxá, para que se rebaje la pena pedida inicialmente, que es de 6 meses de cárcel para los tres acusados.
Xamena ha reconocido que la ampliación de la casa se hizo sin permiso y que en 2005 se pidió una licencia para construir la piscina en la vivienda.
Brunet, por su parte, ha explicado que informó favorablemente de la licencia de la piscina cuando, atendiendo al Plan Territorial de Mallorca, no se podía porque no había terreno suficiente.
Ha narrado que técnicos del Ayuntamiento le dijeron que en Andratx no contabilizaban que la piscina ocupara territorio, un criterio que se usaba antes de la aprobación del Plan Territorial y que luego se derogó.
El exasesor urbanístico ha indicado que consultó al Consell de Mallorca sobre este aspecto y que desde la institución insular le dijeron que no se podía hacer así, a pesar de lo cual siguió el criterio de los técnicos.
Al contrario que estos dos acusados, el abogado Rodríguez Miranda, que trabajó como consultor jurídico para el consistorio, ha defendido que informó a favor de la licencia de la piscina en base a la superficie de la finca, la existencia de una vivienda antigua registrada en el catastro y a una licencia de obra menor del año 1988 que hoy ha aportado en el juicio.
Ha sostenido que consideró que con esta información «se cumplían los requisitos» para emitir un informe favorable y ha añadido que no supo en ese momento que la vivienda se había ampliado ilegalmente. «En este caso no veo el error», ha asegurado.
El abogado ha apelado al «principio de confianza» de que la documentación que se le remitía era correcta, ya que ha indicado que no se trasladaba a los terrenos a verificar la realidad de las viviendas.
El juicio por esta pieza del caso Andartx continuará mañana en el Juzgado de lo Penal 7 de Palma con las exposición de las conclusiones de las partes.