Manifestación en Porto Cristo contra el derribo del puente del Riuet

Porto Cristo salió a la calle para expresar su oposición radical a la demolición del puente elevado del Riuet como ordena al Ajuntament de Manacor una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) y que obliga a la restitución de la legalidad en este año en curso.
Unos 500 vecinos de la localidad costera se concentraron en la plaza de s'Aljub para iniciar un recorrido hasta la misma infraestructura viaria. En la plaza se continuó con la recogida de firmas que inició la Associació de Veïns de Porto Cristo contra la decisión del TSJIB la semana pasada. Según la organización, ya se han recogido cerca de 3.000 rúbricas que defienden el puente del Riuet.
Entre ellos, estuvieron presentes el presidente de la Junta de Distrito de Porto Cristo, Joan Gomila (AIPC); los regidores Bernat Amer (AIPC) y Andreu Vecina (PP), así como el presidente de los 'populares' porteños, Antoni Servera. Hubo ausencias significativas como la del alcalde de Manacor, Antoni Pastor, o ediles del Consistorio de las formaciones ALM-UM, PSM+Esquerra+Verds y PSOE, que han criticado la defensa judicial del proyecto por parte del Ajuntament y la «soberbia» del pacto PP-AIPC a la hora de negociar un acuerdo con los vecinos afectados por el puente.
Necesidad
Los manifestantes, que portaban diferentes pancartas, defendieron la necesidad de contar con este puente ya que su demolición provocará que «sea peor el remedio que la enfermedad». Aludieron a los problemas que ocasionará la decisión judicial como el retorno de los colapsos de tráfico, el paso de camiones u autobuses por la parte baja del Riuet de Porto Cristo. Además, recordaron que la necesidad del puente también radica en que «nos protege de las 'torrentadas' que padecimos durante años».
Con todo, los vecinos que se manifestaron ayer comprenden las molestias que ha ocasionado la infraestructura a una serie de personas, pero «el bien del pueblo tiene que estar por encima de todo esto, si la justicia cree que hay que indemnizarlos que lo haga pero que no se perjudique al pueblo», sentencian.