Tres magistrados, catorce acusados con ocho abogados defensores, dos acusaciones particulares, treinta y cuatro testigos, tres jueces y, en principio, veinticinco horas y media de vista oral. A partir del lunes, el juicio del 'caso Caballistas' acaparará la actividad del Tribunal Superior de Justicia de Balears y la vida política de la Part Forana.
La causa juzga por delitos de falsedad documental a responsables y ex responsables políticos de trece municipios mallorquines, con el ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal como máximo imputado. Cuando era primer edil del municipio y según el escrito de la Fiscalía, Vidal construyó una vivienda unifamiliar aislada, una nave y otras construcciones que «resultaban de todo punto contrarias a derecho» ya que se trataba de suelo público. Para legalizar la situación, hizo que la Agrupació de Cavallistes de Ses Salines solicitase una declaración de interés general para la vivienda y hizo que Sebastià Escalas Vidal, celador municipal certificase que el edificio tenía 26 años. Además firmó un documento en el que certificaba que la agrupación había actuado en el municipio desde 1995 hasta hoy «de manera habitual».
Según la Fiscalía: «El acusado no solamente elaboró el documento reseñado sino que convenció a otros diez alcaldes para que realizaran documentos con un contenido similar e inveraz prevaleciéndose de su cargo de alcalde». Incluso, según el mismo escrito, intervino proporcionando el texto en el que tenía que ser redactado el documento. Así, firmaron escritos certificando esas actuaciones los entonces alcaldes de Campos, Andreu Prohens; Santanyí, Miquel Vidal; Lloret, Joan Jaume Ramis; Felanitx, Catalina Soler; sa Pobla, Antoni Serra; Selva, Joan Rotger; Santa Margalida, Antonio del Olmo y Montuïri, Gabriel Matas. En Llucmajor e Inca, firmaron el documento los tenientes de alcalde, Joan Jaume y Joan Rubert, al igual que el ex concejal de sa Pobla, Joan Llabrés. El delito de falsedad del que se acusa a todos ellos se basa, según la Fiscalía, en que certifican actividades de la asociación desde 1995, cuando se constituyó oficialmente en el 2001. Todos estos cargos se enfrentan a un delito imprudente de falsedad en documento público.
Además de los cargos políticos también está acusado el secretario del ayuntamiento de Campos por haber certificado un documento para avalar la petición de interés general.
El juicio está a cargo de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que preside el juez- magistrado Antoni Terrasa. El caso ha llegado hasta el máximo tribunal ante la condición de aforada de la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, que ahora es diputada en el Parlament. Además del Ministerio Fiscal están personadas en la causa dos acusaciones particulares; la primera de ellas es del socialista Andreu Crespí, representado por la abogada Estela Soler. La otra es la de un vecino del municipio de ses Salines, Jaime Melis, al que representa el abogado Josep de Luis.
El abogado Rafael Perera se encarga de la defensa de siete de los acusados: Joan Jaume, Antoni del Olmo, Joan Rubert, Joan Rotger, Antoni Serra y Gabriel Matas. A Catalina Soler la defenderá Josep Zaforteza; a Joan Llabres, María Pascual; el letrado José Ignacio Herreros defiende a Sebastià Escalas; Juan Camacho a Andreu Prohens; Carlos Tarancón a Sebastià Portell; Agustín Cerveró a Miquel Vidal y Juan Buades a Sebastià Vidal.