Jaume Massot tendrá que esperar a que se resuelva judicialmente el 'caso Andratx' para poder reincorporarse a la plantilla municipal. El que fuera director general d´Ordenació del Territori con el anterior ejecutivo autonómico y, con anterioridad jefe del servicio de Urbanismo en el Ajuntament, es uno de los principales imputados en los 67 casos sobre presuntas irregularidades urbanísticas en el municipio. Hace unos meses, después de las elecciones municipales que pusieron a PSOE, UM y PSM al frente del Ajuntament, Massot había solicitado su reingreso en la plantilla municipal. En aquel momento, el equipo de gobierno que encabeza Francesc Femenias decidió no permitir la vuelta del ex alto cargo, dada su implicación en el proceso. Massot llevó esta decisión a los tribunales e interpuso un contencioso administrativo para exigir que se le permitiera ocupar su antigua plaza como funcionario municipal.
Ayer mismo, el Ajuntament tuvo conocimiento de que el tribunal había rechazado el recurso de Massot y avalaba que su vuelta a la plantilla municipal no se produjera hasta que se aclarase su situación jurídica. Desde el Consistorio se alude a la alarma social que generaría su vuelta a los servicios municipales, sobre todo si ocupara de nuevo la plaza que tenía antes de incorporarse al Govern balear: la de jefe del Servicio de Urbanismo, es decir, una pieza clave a la hora de informar sobre cualquier expediente o licencia de construcción o nuevo desarrollo en el municipio.
De haberse incorporado ahora a la plantilla se daría la situación de que el Ajuntament estaría pidiendo prisión para uno de sus propios empleados. De hecho, el propio Consistorio ha solicitado ocho años de cárcel contra el propio Massot por la participación que pudo tener en la construcción del restaurante 'Il Grillo', propiedad del hermano del ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo. Por la misma causa, la segunda de todo el sumario de la 'operación Voramar' por la que se ha abierto juicio, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se le imponga una pena de seis años de cárcel.