P.CANDIA/P.AGUILÓ/J.JIMÉNEZ
El auto del juez Alvaro Latorre en el que decretó ayer prisión sin fianza y comunicada para el ex alcalde Andratx, Eugenio Hidalgo, y el celador municipal, Jaume Gibert, fundamenta esa decisión en que la documentación incorporada refleja un entramado empresarial del que forman parte los imputados. Hidalgo y Gibert volvieron al centro penitenciario de Palma tras presentarse ayer por separado ante el juez y en presencia de los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach y sus abogados, Rafael Perera y Juan Luis Matas. Tras reiterar el auto de que existen «indicios» de la comisión de siete supuestos delitos (contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y autoridades públicas y tráfico de influencias y blanqueo de capitales), el auto señala que «se han podido conceder licencias urbanísticas en terrenos rústicos protegidos con desprecio de la legislación urbanística aplicable y con conciencia de ello».
Para el celador del Ajuntament d'Andratx, Jaume Gibert, también fue decretada la prisión provisional, comunicada y sin cargos, tras serle imputados los mismos siete delitos que a Hidalgo. Un hecho que provocó la queja de su representante legal, Juan Luis Matas, quien reprochó a la Fiscalía su voluntad de meter a Gibert y a Hidalgo «en el mismo saco» ya que, según Matas, «la conducta, el patrimonio y las actuaciones» de su representado no diferentes a las del ex alcalde. Asimismo, fuentes judiciales apuntaron que el celador podría haber avalado de forma irregular al menos 55 licencias urbanísticas.
En otro orden de cosas, ayer la Guardia Civil llevó a cabo media docena de registros en despachos de promotores y de abogados palmesanos. También fue inspeccionada una casa de Eugenio Hidalgo en la Avenida Picasso y una empresa constructora de Andratx. En todas aquellas intervenciones se precintó un gran número de documentos relacionados con operaciones urbanísticas y concesiones de licencias.