E.E.
La Fiscalía ordenará a la Unidad de Blanqueo y Delitos Monetarios, perteneciente al grupo de Delicuencia Económica de la Policía Judicial de la jefatura de Palma, que lleve a cabo un informe sobre las cuentas corrientes y los depósitos de valores en los que aparezca como autorizada la firma del alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs (PP). Esta orden se hace extensiva también para Joaquín Rabasco, presidente de ASI y concejal de este municipio, y para la militante María del Amor Aldao, por la presunta comisión de los delitos de cohecho, prevaricación y financiación irregular.
El próximo martes está prevista una reunión en el Juzgado de Instrucción número 6 con los representantes de la Fiscalía y de la policía. En esta reunión está previsto que la orden sea comunicada de forma oficial.
El magistrado Miquel Font investiga una supuesta malversación de caudales públicos en el Ajuntament de Llucmajor, en la que Rabasco habría destinado fondos públicos a empresas de María del Amor Aldao de manera supuestamente irregular.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma ya dictó recientemente un auto exigiendo 219.000 euros al presidente de ASI, Rabasco, y 109.726 a Amor Aldao para cubrir responsabilidades que se deriven.
En ese sentido, aunque reclamando cantidades mayores, se había pronunciado con anterioridad el fiscal anticorrupción de Balears, Joan Carrau, que acusa a ambos de haber desviado más de un millón de cuentas a diferentes empresas.
El plazo de 24 horas estipulado por el juez del Juzgado nº 6 para que ambos aportaran las cantidades requeridas se agotó sin que ninguno de los dos cumpliera con la exigencia del magistrado, lo que supuso que se iniciará la investigación de sus patrimonios para asegurar las cantidades reclamadas. Por su parte, María del Amor presentó un recurso contra esa decisión.
En otro orden, a principios de abril Rabasco solicitó al titular del Juzgado de Instrucción número 6 a través de su abogado Ramón Riutord que la causa abierta pase a ser competencia del jurado.