El Ajuntament de Deià ha comenzado a realizar gestiones para acatar el derribo de las casas de Llucalcari ordenado por el Tribunal Supremo. Jaume Crespí, alcalde del municipio, es consciente de que el fallo judicial se tiene que cumplir, pero el Ajuntament no puede asumir el coste de las demoliciones. Una de las primeras reuniones que ha mantenido el alcalde Crespí ha sido con el presidente del Govern, Jaume Matas, quien quiso «tranquilizar» al Ajuntament. Matas, según Crespí, también tiene claro que la responsabilidad del derribo no es exclusiva del Consistorio, puesto que éste dio licencia para la construcción de los chalés con la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio.
Matas no adquirió un compromiso formal, aunque sí seguirá analizando la cuestión una vez que se redacte un informe jurídico que ha encargado el Govern. El Ajuntament de Deià también está pendiente de otros informes jurídicos que determinarán hasta dónde es responsable el Consistorio de la demolición de los cuatro chalets ilegales. Otro de los contactos realizados por ebatle de Deià es con responsables de la Conselleria d'Obres Públiques. «Todos coinciden en que el Ajuntament dio la licencia porque tenía la autorización de Patrimonio».
«El Ajuntament es el menos culpable de toda esta situación», insistió Crespí. Todas las gestiones realizadas han sido con el Govern de les Illes. En cambio, con el Consell de Mallorca, que actualmente tiene las competencias de Patrimonio, no ha habido ningún contacto. Ni el Consell se interesado por la situación de las casas de Llucalcari ni el Ajuntament ha requerido todavía su ayuda.