Las infracciones urbanísticas han sido en el Ajuntament d'Artà objeto de discusiones entre los diferentes grupos municipales, pero en la sesión plenaria celebrada anteayer por la noche el equipo de gobierno (IA-PSOE) consiguió que se aprobara la demolición de tres edificaciones ilegales en zona rústica con el voto de EU-EV, mientras que UM se abstuvo y el PP votó en contra. La alcaldesa Margalida Tous informó que los tres propietarios tenían dos meses para presentar alegaciones y restablecer la legalidad, aunque dos de las tres obras, son ilegalizables.
Al contrario de la anterior sesión plenaria, en la que la alcaldesa puso como condición aprobar las demoliciones por unanimidad, Tous siguió adelante con la propuesta del derribo de tres edificios a pesar de no conseguir la unanimidad, una condición difícil de cumplir porque PP y UM se niegan a «bañarse» con este tema.
UM consiguió desestabilizar al equipo de gobierno cuando propuso hacer una auditoría sobre el estado de cuentas del Ajuntament. Rafel Gili (UM) argumentó que «hemos sabido que existen algunas deudas a empresarios que han prestado sus servicios al Ajuntament y todavía no han cobrado. Creemos que nos esconden información». La propuesta fue aprobada con los votos de PP, UM y EU-EV. El Partido Popular se quedó solo cuando presentó una moción contra el Plan Ibarretxe la que no prosperó. La propuesta que si prosperó fue la del regidor Julen Adrián (EU-EV) que había consensuado ya con el PP y UM, sobre la participación ciudadana en la comisión de fiestas.