El equipo de gobierno del Ajuntament d'Alaró (PSOE y UM) estudia introducir una serie de modificaciones en las Normas Subsidiarias de 2003, que durante la anterior legislatura PSM y PP redactaron. Uno de los cambios afecta a los propietarios de la empresa Bastida que ahora reclaman al Ajuntament una indemnización de 420.708,47 euros (70 millones de las antiguas pesetas) por el incumplimiento, según los propietarios, de un convenio urbanístico.
En el convenio, los propietarios de la empresa Bastida se comprometieron a ceder al Ajuntament una finca para abrir un nuevo vial en el Camí de Vela a cambio de que el Ajuntament recalificase unos terrenos rústicos de su propiedad como suelo urbano. El alcalde Miquel Deyà (PSOE) explicó: «PP y PSM incumplieron este convenio calificando estos terrenos como zona de equipamiento para aparcamientos y ahora quiero quitar este contencioso». Asimismo, señaló que «empezaremos a trabajar en este sentido cuando dispongamos de más suelo para crecer».
Durante la anterior legislatura, el Ajuntament decidió personarse en este contencioso al entender que era un convenio lesivo ya que al resto de propietarios del camino se les expropiaban sus terrenos. Otro cambio de uso que quiere introducir el equipo de gobierno en el planeamiento urbanístico es el que afecta al patio de Cas Vicari, situado cerca del Salón parroquial, propiedad de la parroquia y que en las NNSS está contemplado como equipamiento sociocultural.