La revisión de la normativa urbanística de Maria de la Salut seguirá adelante, a pesar de las críticas de la oposición (PSOE) que exigió ayer al equipo de gobierno (PP-PSM) en pleno que depure las responsabilidades políticas de su teniente de alcalde Pere Mas(PP), a quien acusan de «utilizar información privilegiada para beneficiarse económicamente».
Los socialistas sostienen que Pere Mas compró a bajo precio una finca incluida en el futuro polígono industrial que contemplan las normas, antes de que se conociera públicamente el desarrollo del polígono.
El teniente de alcalde Pere Mas no intervino en el pleno de ayer. Sí lo hicieron el alcalde Jaume Mestre (PSM) y sus compañeros Antoni Mulet (PP) y Joan Bergas (PSM) que explicaron que «después de habernos asesorado nos han dicho que no hay responsabilidades administrativas ni penales». Los socialistas coinciden al señalar que no existen responsabilidades administrativas y penales pero tal y como señaló Martí Ferriol (PSOE) «sí existen responsabilidades políticas».
La oposición, lejos de retractarse de las acusaciones lanzadas contra el teniente de alcalde del PP, manifestó su malestar por las «amenazas recibidas», dijo Ferriol.