La propiedad de la finca de sa Coma, uno de los primeros terrenos que se preservaron en Mallorca, situada en el Àrea Natural de Especial Interés de sa Punta de n'Amer, estudia la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo. La sentencia dictada por el Tribunal Supremo ha denegado la indemnización de 3.214.442.928 pesetas que los propietarios de sa Coma reclamaban al Govern al quedar su posesión incluida en el ámbito de delimitación de la ley de protección 1985.
Así lo confirmó ayer el propietario administrador de sa Coma, Modesto Marín, quien no escondió su indignación ante la resolución de la sentencia añadiendo que «lucharemos por nuestros derechos hasta el final, porque es justo que podamos obtener una compensación a cambio de que todos puedan disfrutar de esta área natural». Marín expresó que «nos hemos planteado cerrar la finca y cobrar una tasa de entrada, ya que así sería la única manera de obtener una compensación económica».
El portavoz del Govern, Antoni Garcies, afirmó que «el Supremo ha dado la razón a la política progresista». El alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puigrós, manifestó que «esto demuestra que la administración puede cambiar la normativa urbanística». Por su parte, Antoni Muñoz, del GOB, declaró que «la sentencia refuerza la idea de que los tribunales no dan la razón a posibles indemnizaciones derivadas de la LEN».