PSOE y UM han decidido pedir al juez que se pronuncie sobre la legalidad del pleno de urgencia convocado el pasado mes de septiembre por el alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo, sin que estuvieran presentes todos los concejales del Ajuntament y en el que se decidió cuál será la ubicación del futuro PAC del municipio. En el mismo pleno, el alcalde dio cuenta de la dimisión del entonces concejal de Hacienda, Miquel Roig, «por discrepancias con los socios de gobierno». PSOE y UM han decidido presentar un contencioso contra la convocatoria de la sesión plenaria urgente después de que el equipo de gobierno haya rechazado esta misma semana el recurso potestativo que interpusieron ante el Ajuntament con esta misma intención. La desestimación del recurso se basa en un informe del secretario municipal que califica el pleno como «un acto de puro trámite».
El portavoz del PSOE, Miquel Cifre, y el portavoz de UM, Joan Monjo, acusan al alcalde de «nadar en la ilegalidad» y exigen la anulación del citado pleno y la convocatoria de una nueva sesión para debatir la ubicación del PAC. La oposición argumenta que se vulneraron derechos fundamentales de los concejales Maria Monjo (PSOE) y Joan Monjo (UM) que se vieron privados de su derecho a votar al no estar presentes cuando se realizó la convocatoria de la sesión plenaria. La decisión final de los tribunales puede demorarse hasta dos años, lo que dejaría al nuevo concejal Antoni Comas (PP) en una situación de dudosa legalidad.
Por otra parte, tanto el PSOE como UM han anunciado que también presentará un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del tribunal de expropiación de valorar en 51'4 millones de pesetas los terrenos expropiados por el Ajuntament de Santa Margalida a un «simpatizante» del PP junto a la escuela pública Elionor Bosch ante la sospecha de que el equipo de gobierno deje pasar el plazo legal previsto para recurrir esta decisión. El anterior equipo de gobierno, en base a informes técnicos, realizó una tasación sustancialmente inferior.