El evidente riesgo para la salud que comporta consumir carne que no ha pasado ningún control sanitario está sancionado con una multa de sólo 800.000 pesetas. Así lo ha confirmado la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que ha desestimado el recurso contra la Comunitat Autònoma presentado por un residente de Pollença que explotaba un matadero clandestino en la finca rústica de Can Seguinot, en Pollença.
Los servicios de inspección del Govern se activaron en mayo de 1996 después de recibir la Conselleria d'Agricultura una denuncia en la que se informaba de un hombre dedicado a la matanza clandestina de ganado porcino y ovino. La carne de los animales sacrificados era vendida a restaurantes, carnicerías y particulares del municipio de Pollença.
En su día, la Direcció General de Sanitat fijó una multa de 800.000 pesetas al ser considerada la infracción como grave. El afectado argumentó que el expediente había caducado y que su domicilio y su presunción de inocencia habían sido violados. La sentencia indica que aunque la matanza hubiera sido para consumo particular, ésta también era ilegal al no haber autorización.