Las dos agrupaciones políticas que forman equipo de gobierno en Santa Margalida, PP y Can Picafort Unit (CPU), mostraron cierto distanciamiento en la última sesión plenaria celebrada el lunes en la localidad. Los votos favorables de los concejales canpicaforters permitieron que la mayoría de mociones presentadas por la oposición, integrada por PSOE y UM, fueran aprobadas. Así, CPU aceptó, con su abstención, una moción de urgencia presentada por el PSOE en la que se solicitaba al pleno de la Corporación que determinadas competencias del pleno delegadas en la Comisión de Gobierno regresaran a la soberanía plenaria.
Los socialistas ya anunciaron que harían esta petición tras la concesión, aprobada en Comisión de Gobierno, del servicio de playas a la empresa que presentaba la segunda mejor oferta, en lugar de a la primera. Ahora, algunas de las competencias, como las referidas a subastas, contrataciones, adjudicación de obras y de personal, deberán regresar de nuevo a la potestad del pleno.
La abstención de los ediles de Can Picafort Unit fue bien recibida por los socialistas. «El resultado iba a ser el mismo tanto si votaban a favor como si se abstenían», manifestó el portavoz de los socialistas, Miquel Cifre. Pero hubo más desmarques. CPU votó a favor de una moción de UM en la que solicitaba al Consell de Mallorca que revocara una sanción por infracción urbanística «porque era culpa del mal asesoramiento del Ajuntament» y pedía al alcalde a que cesara al asesor. A pesar de la aprobación, el alcalde, Antoni del Olmo (PP), señaló que el asesor continuará ejerciendo el cargo ya que «todo el mundo puede equivocarse y el pleno no tiene competencia para cesarlo».
Y los desmarques prosiguieron cuando CPU aportó su voto favorable a una moción de los nacionalistas consistente en que el edil de UM Joan Monjo sea el encargado de hacer las gestiones necesarias para aclarar la situación jurídica de la obra ubicada en el solar del cuartel de la Guardia Civil. El otro concejal de UM, Jaume Ribot, acusó durante el pleno al equipo de gobierno de «cobrar un millón de pesetas como comisión por la compra de una máquina de barrer para el municipio». «Uno o dos ediles se han quedado con el dinero que debe de ser devuelto al pueblo. Si no lo devuelven, llevaré el caso a los juzgados», mantuvo. El alcalde calificó de «inapropiada» la acusación, por no concretar nada.