El GOB critica que la ordenanza reguladora que el Ajuntament de Capdepera aprobó en 1996 a propuesta del grupo ecologista «se ha quedado en papel mojado», puesto que limita la libre circulación de vehículos por los caminos que transcurren por las áreas naturales de Cala Agulla y Cala Mesquida y en realidad se ha comprobado que la normativa no se cumple.
Los ecologistas argumentan que la medida nunca se ha hecho efectiva «puesto que si bien en algunas vías de acceso se ha colocado señalización prohibitiva, nunca se han tomado las medidas necesarias para velar de forma suficiente el cumplimiento de estas limitaciones y mucho menos sancionar al infractor».
Para los ecologistas, es lamentable «que el resultado de todo esto sea un espacio natural que sigue padeciendo la degradación acelerada a causa de la circulación de motocicletas e incluso coches a través del magnífico sistema dunar».
La zona sudoriental, la que se halla más cerca de la urbanización de Cala Rajada, «se halla surcada por pistas abiertas por las motocicletas. Algunos de estos viales alcanzan una amplitud considerable, superando en algunos casos los cinco metros de amplitud», apuntan los ecologistas. Por su parte, el socialista Climent Alzina, primer teniente de alcalde, manifestó: «El municipio cuenta con un guarda rural que vigila la zona, aunque reconocemos que es insuficiente. De hecho, ya se han impuesto sanciones económicas y tenemos intención de intensificar la vigilancia».