La alarma social ha saltado entre los pequeños comerciantes de Calvià y el colectivo no ha dudado en movilizarse. Una docena de asociaciones ya se han constituido en plataforma para defenderse ante la iniciativa del equipo de gobierno socialista consistente en incluir dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un articulado consistente en prohibir el cambio de actividad en todos los comercios cuya superfie no sea inferior a los 60 metros cuadrados.
La primera asamblea informativa celebrada por los afectados concluyó con la fijación de un calendario de actividades y una serie de acuerdos que comienzan por solicitar una reunión urgente con el Ajuntament de Calvià para debatir la normativa que se pretende aprobar y concluyen «si procediese» con una rebelión fiscal y el cierre patronal.
El presidente de la Federación Balear de Comercio y Servicios Turísticos (Fetur) y uno de los portavoces la plataforma, Luis Marín, ha informado a este periódico que la normativa que pretende aprobar el Ajuntament de Calvià y que ha conocido a través de Ultima Hora «vulnera la Constitución» porque prohíbe el libre comercio. Para conocer más detalles de la iniciativa del equipo de gobierno socialista, la plataforma ha solicitado una reunión urgente con la mayoría municipal pero ayer al mediodía aún no había recibido contestación. «Puede ser un proceso largo», aventuró Marín.
La primera medida de presión que pretende poner en marcha la plataforma es una recogida de firmas «selectiva», sólo entre los afectados, es decir, comerciantes, empresarios y propietarios de locales. Los servicios jurídicos de las diferentes asociaciones de comerciantes tambíen han puesto manos a la obra en el estudio de la propuesta municipal para recurrirla si finalmente es aprobada.