El Ajuntament de Palma quiere poder fijar sus propios precios para las Entidades de Colaboración Urbanística (ECUS), unidades externas que podrán realizar determinados informes para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas. Actualmente, el decreto de Simplificación Administrativa deja esa potestad en manos del Consell de Mallorca, pero el PP ha presentado una enmienda en el Parlament para que en el caso de Palma, atendiendo a su condición de capital, se permita que sea el Ajuntament quien lo haga. Fuentes ‘populares’ han confirmado que la enmienda se incorporará finalmente al texto legal que está tramitando la Cámara como Proyecto de Ley.
Cabe recordar que Palma ha optado por el mismo modelo que aplica Madrid y el coste de este servicio irá a cargo del solicitante de la licencia. El regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, recordó ayer que estas entidades externas sólo agilizarán algunos trámites e informes, pero en cualquier caso siempre será el Ajuntament quien otorgará las licencias, por lo que los técnicos municipales tendrán la última palabra.
Urbanisme prevé que este modelo de colaboración pueda ponerse en marcha durante 2025. El departamento mantiene reuniones quincenales con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y la asociación que engloba a estas entidades colaboradoras, «para ir dando pasos y explicando cómo funciona el urbanismo y la administración en la ciudad de Palma».