El propietario de las infraviviendas de Joan Miró está exigiendo el pago de alquileres a los inquilinos, pese a que éstos afirman que «le hemos pagado pero no nos emitía ningún recibo». El dueño de los polémicos zulos ha llevado a los tribunales a algunos de estos residentes, que el año pasado le denunciaron por el mal estado de los cuartos.
El acoso inmobiliario no ha cesado en los últimos meses y los residentes ya denunciaron este verano que sufren sabotajes que empeoran aún más sus calamitosas condiciones de vida. «Cada vivienda ha tenido que poner 100 euros para arreglar la bomba de agua que alguien dañó. Le hemos visto en las inmediaciones y viene por aquí y hurga en las cajas de la luz y del agua», explicó Reina, una de las habitantes del sótano. El sabotaje de la bomba les provocó inundaciones en los pasillos y en las viviendas de aguas sucias en agosto, además de sufrir altísimas temperaturas y una grave falta de ventilación.
El propietario de las infraviviendas es un policía local que fue apartado de servicio con suspensión de empleo y sueldo durante dos años y cuatro meses. La Conselleria d’Habitatge impuso una multa de dos millones por el alquiler fraudulento de 68 habitáculos, ya que además cuenta con más zulos en Palma.