Hasta 223 familias de Es Puntiró se encuentran en aprietos y podrían quedarse sin servicio de agua en un mes si no empiezan a asumir las nuevas tarifas de agua que les imponen los nuevos propietarios de la finca Estanyol, que de manera histórica les proveía por 100.000 euros anuales. La nueva propiedad, una pareja de ingleses, ha establecido una nueva tarifa: exigen un mínimo de 1,3 millones de euros anuales aunque este primer año tendrán que desembolsar 2,4 millones.
La preocupación cunde entre algunas de las familias de esta urbanización que no está recepcionada y solo cuenta con luz de Endesa y servicios de telecomunicaciones. «En las condiciones originales del acuerdo con la propiedad de la finca Estanyol, donde se encuentra el pozo que abastece a la urbanización desde los años 70, se acordó proveer de agua a las parcelas», afirma uno de los vecinos.
Hace medio siglo que se mantiene el pacto entre Inversiones Rústicas Mallorquinas S.A., que impulsó la urbanización que durante años apenas contaba con una veintena de viviendas, y la familia Fuster Rossiñol, propietaria de la finca de Estanyol, dentro del campo de golf de Puntiró, donde se encuentra el pozo que suministra el agua.
Durante décadas, los vecinos se han encargado del mantenimiento de bombas y canalizaciones, contadores y además, el suministro eléctrico de toda la finca Estanyol. En total, la factura ascendía a 100.000 euros. Sin embargo, «la finca se vendió a la familia inglesa Pierce, a la que no solo se les ha vendido una vivienda, sino el negocio de suministro de agua del Puntiró».
La familia inglesa ha demandado a los vecinos de Es Puntiró, reclamándoles conceptos como la constitución de una servidumbre (669.000 euros), la rehabilitación de los edificios que albergan la maquinaria y que están en su finca (129.574), el traslado de las bombas de impulsión a otro lugar porque les molesta el ruido (307.334 euros), además de 6.000 euros al año por cada uno de los 223 propietarios de la urbanización de Es Puntiró. En total, 2,4 millones. «Han pagado un millón de euros por la propiedad y ahora pretenden sacar el doble con nosotros», dicen. Los vecinos denuncian un chantaje: «Nos amenazan y no sabemos si el mes que viene tendremos agua».