La alerta saltaba el viernes de la semana pasada. La regidora de Vox, Jero Mayans, advertía que «se comenta que se están vendiendo citas de empadronamiento en algunos locutorios o gestorías». Un fenómeno similar al que sucede con las citas de Extranjería. Este sería uno de los muchos factores que explicarían las dificultades para encontrar un hueco en las oficinas de atención al ciudadano, que tienen copadas todas las horas para conseguir el empadronamiento.
«Necesitamos un padrón realidad, es por una cuestión administrativa», advirtió la defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen en esa misma comisión, que como hizo un llamamiento: «Si hay casos de venta de citas, pedimos que vengan a vernos». Tras visitar varios locutorios, en uno de Pere Garau señalaban que «se están vendiendo citas a cinco o diez euros, pero resulta tan difícil encontrar citas que muchos ya han dejado de ofrecer estos servicios», dice una de las dependientas.
Las denuncias por la venta de citas del empadronamiento se repiten. «Pero como se encuentran en una situación irregular, hay miedo de denunciar», dice Farouk Pinto, de la Plataforma de la Inmigración en Balears. La aprensión ha cundido entre los inmigrantes, algunos han llegado a asumir que incluso ya no tienen derecho a empadronarse, aunque no sea cierto. Y ese papel que certifica que está en el padrón municipal es la puerta que permite la atención sanitaria, la educación o acceder a un empleo, al que tiene que renunciar por falta de este trámite al que tienen todos derecho.
Desde Cáritas Mallorca advierten que «ahora mismo [por el pasado viernes] no hay problemas para encontrar un hueco en las oficinas». Y es cierto que el viernes a mediodía había citas en dos oficinas, las de Pere Garau y Sant Ferràn, aunque ya por la tarde se habían copado todas.
Fuentes de Cáritas advirtieron que «el que tiene muchos problemas para empadronarse es el que alquila una habitación. El arrendador o el titular del contrato del piso no quieren facilitar este trámite a los alquilado. No sabemos si es miedo o un caso de economía sumergida». Lo cierto es que con los precios inmobiliarios disparados, donde una simple habitación ya se cotiza a 600 euros al mes en Palma, las dificultades de las familias inmigrantes para acceder a un contrato de alquiler son extremas.
Farouk Pino, de la Plataforma de la Inmigración en Balears, que engloba a 22 asociaciones de inmigrantes en Mallorca, advierte que «en las oficinas de atención a la ciudadanía se están pidiendo requisitos que no son legales como los últimos recibos de alquiler. Según la normativa, basta con presentar una identificación de un contrato de alquiler o título de propiedad o una factura de luz, agua o teléfono que certifica que vive en ese lugar. Ahora mismo están inventado cada cosa...». Los impedimentos de los titulares de los alquileres esconden «situaciones de subarriendo. Y si alquilas una habitación, no te van a dar recibo. Es un problema muy grande porque resulta imposible encontrar un poco por menos de 1.300 euros».
Pinto recibe quejas de muchos inmigrantes que además advierten que «se están vendiendo los trámites de empadronamiento como un extra del alquiler. Así, si una habitación cuesta 600 euros, hay que pagar hasta 300 euros más al mes por persona para permitir que sea empadronado en ese domicilio». El negocio está servido y, por desgracia, se vuelve a cebar en los más vulnerables.
Desde la Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes ya han denunciado este hecho y han acudido a la Policía Nacional. «Creemos que el Ajuntament de Palma tiene conocimiento pleno pero no se pronuncian, no dan ninguna solución».
Pinto además se mostró muy crítico al señalar que «a través de sus socios de gobierno, han intentado eliminar el empadronamiento para las personas que están en una situación transitoria en Palma, que solo cuentan con el pasaporte o el NIE. No quieren empadronar a extranjeros en Palma».
El presidente de la entidad advirtió que «esta medida es ilegal. La ley protege que el empadronamiento es una obligación hacia sus ciudadanos. Da igual su situación migratoria, sirve para tener un control demográfico del municipio, no para la discriminación o la fiscalización».
Pinto califica de «intoxicación» el clima de miedo entre este colectivo vulnerable después de numerosas declaraciones y medidas que ponen dificultades a la inscripción en el padrón municipal. «Hay un malestar generalizado en la ciudad», advirtió Pinto, que señala que entre los extranjeros «hay temor a que vuelvan las redadas».
Precisamente Cáritas España ha llevado a los juzgados al Ajuntament de Palma por la moción que aprobó en el pleno, a iniciativa de Vox y con el apoyo del PP, en el que proponía el registro de viviendas para fiscalizar el estado migratorio de sus habitantes. Otra de sus polémicas medidas que se aprobó fue la de un buzón anónimo en la que se podía denunciar a un inmigrante sin papeles.
El lider de Vox en Palma, Fulgencio Coll, señaló en el último pleno que «acataremos la sentencia y no recurriremos».