Las asociaciones de vecinos de Palma están hartas de la burocracia y el retraso en el pago de subvenciones. La presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, trasladó este descontento al pleno del Ajuntament. «Un céntimo son diez folios de requerimientos», ejemplificó, denunciando que el sistema trate a las entidades como «potenciales malversadores». «Vivimos perdidos en la justificación de decimales, con reinterpretaciones de normas y criterios muy farragosos», se quejaba.
Alcázar también incidió en que el diseño de las convocatorias convierte las ayudas en «clasistas»: como se pagan con posterioridad a la ejecución de los proyectos, las entidades con menos recursos renuncian a pedirlas porque no pueden adelantar los costes. También protestó por el retraso en los pagos, ya que, como reconoció la regidora Lourdes Roca, todavía quedan por cerrar ejercicios pasados, incluso de 2022 y 2023. «Los funcionarios cobran un salario cada mes con dinero público, ¿se merecen la misma vara de medir?», lanzó la Federación.
Desde el equipo de gobierno, Roca se excusó en la «bola» de expedientes de años anteriores que, asegura, se ha encontrado en su departamento. Entre otras medidas anticipó que trabaja en incorporar más personal. Además adelantó que está trabajando en el borrador de la convocatoria para 2025 y 2026 «de cero», sin basarse en los textos de años anteriores. Pero, antes de publicarlo, la regidora quiere sentarse con las asociaciones la próxima semana. Además, la intención del Ajuntament es añadir nuevas líneas, lo que obliga a modificar el plan estratégico.
El pleno del jueves aprobó una iniciativa de Vox que pedía revisar las bases de estas ayudas, «desburocratizar» los trámites y «cumplir con los pagos, tanto en forma como en tiempo». La edil de Vox Jero Mayans denunció que en los últimos años se hicieron convocatorias con «una base absolutamente ideológica».