El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves las nuevas ordenanzas fiscales pactadas entre PP y Vox, que según Cort supondrán una rebaja de impuestos de 11 millones de euros. Este asunto era el plato fuerte en el orden del día y la votación se ha desarrollado sin sorpresas, de modo que las modificaciones han salido adelante con el voto a favor de la derecha y en contra de la izquierda. Las nuevas ordenanzas entrarán en vigor el 1 de enero de 2025. Las modificaciones tocan tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de Actividades Económicas (IAE), el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el de vehículos (IVTM) y las plusvalías. Además hacen gratuita la expedición de documentos administrativos en el caso de las personas mayores (un punto en el que la oposición se ha abstenido).
La izquierda ha criticado duramente la rebaja fiscal vaticinando que sólo afectará a una pequeña parte de la población que más tiene (el portavoz socialista, Xisco Ducrós, ha cifrado en un 1% los potenciales beneficiarios), y advirtiendo del recorte de ingresos que supondrá para el Ayuntamiento. La regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha acusado al equipo de gobierno de actuar como «un Robin Hood a la inversa» que «quita dinero a los pobres para dárselo a los ricos». «No entendemos el entusiasmo en esta decisión, atenta contra el sentido común y nos parece una irresponsabilidad. Palma es una ciudad fantástica, llena de oportunidades, pero que funciona mal: el bus pasa tarde y completo, es imposible acceder a una vivienda, Palma está sucia, faltan recursos en los barrios... así que reducir la capacidad de acción del Ayuntamiento no tiene ningún sentido, es una temeridad y compromete el futuro de Palma», ha sido el resumen de Ducrós.
Asimismo, la oposición urgía a aclarar cómo se compensará la bajada de la recaudación: «Un recorte de 11 millones de euros, a un gobierno le tendría que preocupar, pero el PP aplaude. Toda la ciudad tiene menos dinero y el PP se alegra», ha lanzado la portavoz de Més, Neus Truyol. Los grupos de izquierda también han cuestionado la falta de informes económicos: «No hay ningún estudio que diga qué rebaja de ingresos supondrá, podrían haber dicho cinco millones o 25. El PP no tiene ni idea de cuánto dinero menos tendrá». Otra cuestión que han censurado es la eliminación de los recargos del IBI en viviendas vacías de grandes propietarios.
Por su parte, tanto Vox como la regidora de Hacienda, Mercedes Celeste, han negado que la rebaja fiscal vaya a traducirse en recortes de servicios. Celeste ha insistido en que la disminución impositiva «aliviará el bolsillo de las familias» al tiempo que «contribuirá al desarrollo cultural y económico de la ciudad». Además ha apelado al «compromiso con una administración más ágil y eficaz» porque «muchos beneficios se aplicarán de oficio por parte del Ayuntamiento», sin que los interesados lo tengan que instar. También ha destacado nuevas medidas de flexibilidad en el pago de los tributos.
Ignacio Esteban, de Vox, ha negado que las rebajas sólo afecten a la élite (en el caso de las herencias, ha deslizado: «¿Es que sólo se mueren los ricos?»). También ha restado peso a la amenaza de recortes: «En un presupuesto de más de 500 millones de euros hay margen para gestionar mejor. Veremos más adelante cómo se distribuirán los gastos y las inversiones para que este efecto no tenga ningún impacto importante en temas esenciales».
A los vividores de la industria de la política les conviene la expansión fiscal. A sociatas, comunistas y especies afines les gusta demasiado el dinerito fresco.