La Obra Cultural Balear (OCB) denuncia que con el acuerdo PP-Vox «se han roto 40 años de consenso lingüístico en Cort», según Antoni Llabrés, presidente de la entidad. La OCB lamentó que «sin la adecuada capacitación lingüística de los empleados públicos, la administración municipal no podrá funcionar normalmente en catalán ni los ciudadanos se podrán dirigir a ella» en este idioma.
«Los cambios normativos que exigirá la aplicación de la propuesta de Vox vulneran la legislación lingüística de las Islas. La OCB estará atenta para interponer las acciones judiciales correspondientes. Ninguna agresión a la lengua catalana quedará sin respuesta», advirtió la entidad, que reclamó al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que «no se salga del marco estatutario y legal en materia lingüística y no se deje arrastrar por la extrema derecha antimallorquina en sus políticas de odio contra la lengua catalana».
Llabrés consideró que con la aprobación de esta medida se ha conseguido «una ruptura unilateral del consenso en Cort sobre los usos lingüísticos institucionales desde hace 40 años. La normalización lingüística establece que la lengua de Balears es la propia de sus instituciones, lo reitera la Ley de Capitalidad de Palma y el reglamento de normalización lingüística de 1987, aprobada por unanimidad, que establece que el catalán es la lengua usual de la administración».
El presidente de la OCB aseguró que «si se elimina la exigencia de conocimiento del catalán para funcionarios y empleados públicos, la administración no puede funcionar normalmente en esta lengua y los ciudadanos no podrán ejercer sus derechos lingüísticos con normalidad, de comunicarse con la administración y las respuestas por parte de ésta en su lengua de preferencia, que en este caso es el catalán».