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PP y Vox impulsan la nueva oficina antiokupación en Palma

El PSOE denuncia que ambos partidos también han desmantelado la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía y la Oficina Anticorrupción

La oficina antidesahucios atendió a doce personas antes de su inauguración, en 2015 | Laura Gómez

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El grupo municipal Vox ha presentado este viernes una propuesta de cara al próximo pleno en el que propone la creación de una oficina antiokupación y PP votó a favor de la misma. En el pleno del próximo jueves ser aprobará la puesta en marcha de esta iniciativa que, según la propuesta de Fulgencio Coll, «la inacción del anterior equipo de gobierno en materia de vivienda, sumado a la demanda habitacional y los elevados precios del metro cuadrado, son los factores principales para que se produca la ocupación ilegal de viviendas».

Este jueves se celebró la comisión de pleno de Urbanismo y Medio Ambiente y el regidor del PSOE, Óscar Cereijo, advirtió que «plantea una oficina antiokupación pero se muestran en contra de la limitación de precios de la vivienda». De hecho, Vox y PP votaron en contra de las propuestas de Podemos donde reclamaban que Palma fuera declarada como zona tensionada, lo que permitiría la limitación al precio del alquiler o la prórroga automática de los contratos de las viviendas alquiladas. El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, votó en contra de esta propuesta socialista ya que «lo que propone esta legislación es intervenir en los precios».

«Según el Consejo del Poder Judicial, en Balears se produjeron 1.200 desahucios y 405 okupaciones». En el caso de la última cifra, supone un 20 por ciento menos respecto a 2021. Mientras tanto, «hay más de 1.300 expedientes abiertos por la cláusula suelo, que afecta a un buen número de personas. Tras acabar con la Oficina de Anticorrupción e intentar desmantelar la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía, en este pleno le toca ahora a la Oficina de Antidesahucios».

También PP y Vox se alinearon en su posicionamiento con el voto en contra de la propuesta de PSOE, en la que reclamaba la paralización del decreto ley de emergencia habitacional hasta que se lleve a cabo el análisis de las zonas donde se podría aplicar el decreto.

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