La aplicación del nuevo Plan General de Palma, que define el futuro urbanístico del municipio para los próximos 20 años, no está garantizada a pesar de que el pasado 28 de octubre del 2021 fue aprobado inicialmente y el 28 de abril de este ejercicio se aprobó definitivamente la parte estructural, la que define la filosofía y los fundamentos principales de la normativa. Y su aplicación corre peligro porque los propios servicios jurídicos del Ajuntament aseguran en un informe interno que la otra parte del plan, la detallada, que especifica los usos de cada espacio de Palma, tendría que ser tramitada desde su inicio, incluido un trámite de exposición pública y un nuevo periodo de alegaciones.
Los juristas, en este sentido, argumentan que «como consecuencia de las modificaciones sustanciales» introducidas en el texto tras incorporar las alegaciones su «aprobación definitiva» debería ir precedida de una nueva tramitación. El problema es que, según la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares, LUIB, una vez aprobado la parte estructural el Ajuntament tiene hasta el mes de octubre para ratificar la detallada y, si esta se tiene que volver a tramitar no es seguro que todo el proceso, (exposición publica, presentación de nuevas alegaciones, analizarla e incorporarlas o no), esté concluido en esa fecha. No obstante, los abogados remarcan que la normativa establece que, en caso de que se tenga que iniciar el procedimiento, el plazo de aprobación de la norma detallada se podrá ampliar «dos años hasta un máximo de tres».
Cabe recordar, igualmente, que el informe de los servicios jurídicos de Cort es una recomendación «en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55.4 de la LUIB» pero, aun con el riesgo de que sea recurrido posteriormente, el plan detallado podría ser aprobado sin una nueva exposición pública para evitar, según fuentes municipales, «el caos en el departamento de Urbanisme de Cort».
El escrito de los abogados municipales, fechado el 18 de abril, sí que da el visto bueno a la aprobación de la parte estructural e informa favorablemente «de forma condicionada a la incorporación de los informes favorables de la Dirección General de Aviación Civil y de la Demarcación de Costas y, en su caso, las prescripciones que se viertan en los mismos».