El departamento de Disciplina Urbanística del Ajuntament de Palma ha impuesto tres multas por valor de 2.572.858 euros, 824.000 euros a cada de los dos propietarios del solar y la misma cantidad a una empresa constructora, por realizar vertidos y movimientos de tierra en una finca de Son Oliver, en la zona de S'Aranjassa, catalogada como zona ANEI, según confirmó la regidora de Urbanisme, Neus Truyol.
El expediente se abrió en el año 2015, cuando la Conselleria de Medi Ambient, un celador municipal, varios vecinos y asociaciones ecologistas como Terraferida, denunciaron que se estaba vertiendo tierra natural en suelo rústico procedente de la excavación de las obras que, en ese momento, se estaban haciendo en un gran hipermercado ubicado en un centro comercial del Coll d'en Rabassa. Estos movimientos de material, según se recoge en el escrito, afectaban prácticamente a la totalidad de la parcela protegida, que tiene una superficie de 76.799 metros cuadrados, más de siete hectáreas.
Al parecer, según se desprende de la investigación posterior, las actuaciones que se realizaron tenían como objetivo deforestar la parcela y, con el vertido, nivelar el terreno para instaurar nuevos cultivos. Para estas actuaciones, que incluyeron la apertura de un camino sin autorización, aprovecharon los residuos de obra de la ampliación del hipermercado. Los denunciados intentaron paralizar el expediente sancionador presentando, a posteriori, un proyecto para legalizar los trabajos por lo que el expediente estuvo paralizado unos meses.
El parón se mantuvo hasta que el departamento de Obras, también de Urbanisme, determinó que las actuaciones realizadas no eran «legalizables» y la Conselleria informó negativamente a la declaración de impacto ambiental. Así que se retomó la tramitación que ha derivado en la sanción actual, aunque la citada denegación del Govern está impugnada en los tribunales.
Tanto el promotor como la empresa constructora, según confirmó Truyol, han presentado alegaciones para evitar la sanción. Al parecer, los denunciados defienden que para verter tierra natural no se necesitaba licencia y que al tratarse de suelo rústico se puede mover el terreno si es para uso agrícola, entre otros argumentos.
La regidora, en este sentido, no quiso aventurar si las alegaciones serán aceptadas ya que «el tema está en manos de los técnicos y ellos decidirán» pero si la tramitación ha llegado hasta este punto, y una vez concluido un detallado análisis para calcular la sanción, difícilmente serán aceptadas. «Desde el Ajuntament de Palma, porque es nuestra obligación, se persigue las infracciones urbanísticas y contra el medio ambiente. Nuestro trabajo es que todos cumplan la normativa ya sean grandes empresas como particulares», destacó Truyol.