Esta semana se supo que los tribunales veían indicios de delito contra el medio ambiente por parte de la antigua cúpula de Emaya por los vertidos de aguas fecales a la bahía. Neus Truyol era la regidora de Medi Ambient en la pasada legislatura y responsable de Emaya.
¿Cómo ha afrontado la llegada del auto con indicios de delito?
—Hace unos días que lo conocía. Estoy tranquila. Trabajamos muchísimo, un trabajo que nunca había hecho nadie y el problema era grave. Se le intentó poner solución y el equipo de Emaya aún lo sigue haciendo. Se está solucionando este problema histórico. Ver que los que han hecho este trabajo estamos dentro de un proceso judicial genera malestar a nivel personal y colectivo. Otras personas en el pasado no han hecho nada o han escondido el problema. Emaya tiene informes y registro de vertidos al mar desde hace muchos años. Los anteriores responsables políticos y gerentes de Emaya lo conocían y no daban esta información.
¿Cuánto tiempo hace que los informes denuncian que hay vertidos?
—A partir de 2013, que es cuando se comienzan a hacer registros. Antes había vertidos pero no estaban registrados. Palma tiene una depuradora desde los 70. Antes no la había y todas las aguas fecales iban al mar. Hace años que hay vertidos.
¿Supone un peligro para la salud?
—La primera medida que tomé en 2015 fue cerrar cada vez que hubiese un vertido que afectase a las playas. Lo hice por prevención. Ningún político anterior quiso tomar la decisión impopular de cerrar una playa. Me parece grave e injusta esta situación por la denuncia de un particular con intereses particulares por unos vertidos que se están solucionando.
¿Considera que habría que imputar a los regidores anteriores?
—No entendemos si existe un interés de identificar si hay un delito ambiental y saber quién es el responsable. No entendemos porque sólo se circunscribe la investigación a dos años de legislatura, cuando es un problema histórico de hace décadas. En los últimos siete años se hizo una inversión fortísima para mejorar saneamientos.
Tras llegar a Emaya, ¿qué medidas tomó para evitar los vertidos?
—A partir de 2015 explicamos el problema y cerramos las playas por prevención. Y pedimos al equipo técnico de Emaya que analizara las inversiones necesarias para hacer un plan de trabajo y ver qué proyectos debía asumir cada administración. En este problema hay muchas administraciones implicadas. En noviembre de 2015 el alcalde de Palma, José Hila, y yo fuimos con la gerente de Emaya, Inma Mayol, al Ministerio de Medio Ambiente para explicar la situación de la depuradora y pedir que hiciese una nueva, que es competencia del Estado. Nosotros como Ajuntament no podíamos hacer una nueva depuradora aunque hubiésemos querido. El Estado no aprobó su ejecución hasta un tiempo después.
¿A cuánto ascendía esta inversión?
- El Ministerio aprobó hacer el proyecto y ejecutar las obras. Hablamos de más de 140 millones de euros. Estos pliegos que se han aprobado ahora vienen de aquellas negociaciones de 2015. En la anterior legislatura el Ministerio hizo un estudio de las alternativas. Por desgracia, las administraciones no pueden hacer una depuradora de un día para otro. Necesita una tramitación, que es más larga de lo que a mí me gustaría.
Dice que había más administraciones implicadas.
—En 2015 contactamos con la Conselleria de Medi Ambient porque en la legislatura anterior, con el PP, el canon de saneamiento que pagamos todos los vecinos de Palma dejó de invertirse. Cada año se recaudan unos 10 millones. Firmamos un acuerdo con el Govern para recuperar el canon de saneamiento y con ese dinero, desde la legislatura pasada hasta ahora, se han invertido 95 millones para la mejora del saneamiento, alcantarillado y la depuradora, que también da servicio a Marratxí, Bunyola y Esporles.
El auto da a entender que no se hizo nada para revertir los vertidos.
—Tenemos todo documentado y lo trasladamos a los juzgados. Desde verano de 2015 hasta ahora se han dado más pasos que nunca. Las inversiones se han hecho. El tanque de tormentas y el colector, que reducirán los vertidos un 90 por ciento, se inaugurará en verano.
¿En legislaturas anteriores hubo una dejación de funciones?
—No solo una dejación sino una irresponsabilidad porque no se informaba y no se tomaba ninguna medida por un problema ambiental. Era mucho más fácil cerrar los ojos y no querer ver el problema.
¿Se siente apoyada por el equipo de gobierno?
—Totalmente, tanto por el actual como el anterior. Con el tanque de laminación y el colector se recogen los frutos de lo que hicimos la legislatura pasada. Son seis años desde que piensas lo que tienes que hacer hasta que lo inauguras. Detrás hay una tramitación de más de una legislatura pero hay partidos que solo miran a corto plazo, además de por intereses particulares.
¿Se ha planteado dimitir?
—Nunca. Me da más energía saber que es necesario que haya personas en las instituciones que defiendan los derechos ciudadanos.
¿Su carrera electoral corre peligro?
—No lo sé. Eso lo decidirán los ciudadanos. Yo continuaré trabajando en el Ajuntament y me presentaré a las elecciones para ser alcaldesa de Palma a partir del año 2023.
¿El código ético de Més no supone un problema para su candidatura?
—Nuestro código ético plantea que hemos de ponernos a disposición del partido las personas encausadas por corrupción o en contra de los principios de Més. En mi caso no se da ninguna de estas condiciones, nunca se ha cuestionado el trabajo que he hecho contra los vertidos. Todo lo contrario.