El Col·legi d'Arquitectes, colectivo de referencia en temas urbanísticos, desmonta la memoria de viabilidad económica del Plan General de Palma en las alegaciones que ha presentado y le pega un varapalo en toda regla a los redactores del proyecto al asegurar, entre otras cosas, que «vulneran los principios de igualdad y homogeneidad» en la asignación del aprovechamiento urbanístico, que las actuaciones previstas no son viables, que se utiliza una metodología equivocada y que muchas cifras para una misma actuación no coinciden en los diferentes apartados en los que aparece.
Estos argumentos, entre otros, se incluyen en el escrito que el órgano colegial debatió, y presentó, ante el Ajuntament para mejorar la normativa, un documento que se divide en dos bloques, uno de alegaciones a aspectos generales del plan y otro, contundente, a la citada memoria económica.
En este último hay una alegación previa en la que se desarrolla, según afirman, la vulneración del principio de igualdad, y cinco alegaciones más que aseguran que los análisis del texto son «incompletos» al no determinar si las actuaciones son viables, señalan que falta justificación y existen errores en diferentes valores tanto del plan general como del detallado. Asimismo, apuntan que se detectan «contradicciones generalizadas, errores y falta de justificación y transparencia» en la determinación de los costes de urbanización y en los valores de «repercusión de suelo de los usos lucrativos».
En lo que se refiere a la normativa en general, las recomendaciones de los arquitectos son menos técnicas y más concretas y, por ejemplo, «para simplificar la tramitación y evitar excesiva burocratización en los proyectos» piden la eliminación de la Comisió de Qualitat Urbana ya que, con el papel que le otorga el plan, «su trabajo pasaría por la emisión de informes de carácter subjetivo, en contra de los procedimientos reglados». Para la Comisió de Centre Històric, por su parte, demandan «un esfuerzo en la redacción de normas claras sin dejar margen de interpretación subjetiva».
También hablan de «falta de claridad» en los criterios para justificar que Cort pueda pedir documentación complementaria de los proyectos, concretamente sobre el impacto sobre el entorno, y solicitan que los aprovechamientos urbanísticos de Can Pastor, Can Fontet y Son Ximelis sean transferidos a otros «ámbitos menos congestionados de la ciudad».
El colegio, asimismo, cuestiona la regulación del número de plantas en suelo rústico a la que califica de «totalmente indeterminada» y piden, como en otros puntos de la normativa, «una regulación no susceptible de interpretación». Además de señalar errores y contradicciones en la redacción de varios artículos como, por ejemplo, en la cuestión de instalación de aires acondicionados, los arquitectos piden mecanismos para reducir los términos de resolución de los expedientes presentados.