La Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) ha lamentado este miércoles «el incumplimiento de las bases de la adquisición de obras de arte» por parte del Ajuntament de Palma con un coste de 150.000 euros. La patronal de artistas denuncia «falta de transparencia en el proceso, que ha tardado casi un año» y que ha corrido a cargo de la Regiduría de Cultura, con Antoni Noguera al frente. También exigen que se desvele el precio de cada una de las piezas adquiridas y, al mismo tiempo, estudia una posible impugnación legal a la convocatoria.
Así, la AAVIB especifica que en las bases de la convocatoria no se indica expresamente que el informe de la comisión evaluadora no vaya a ser vinculante. El presidente de la asociación, Álex Ceball, señala: «En un concurso público debería seguirse, por seriedad y transparencia, la valoración, prioridades y justificación realizada por un jurado especialista, profesional e independiente como el que participó en este proceso. No respetarlo es una falta total de seriedad y genera legítimas dudas».
Asimismo, desde la AAVIB afirman que por política de transparencia, debe comunicarse y hacerse público quiénes componen el Servei de Cultura, como se denomina en el comunicado de Cort, que ha realizado la selección final. «¿Quiénes son, cuál es su capacitación profesional y cuáles son los criterios personales seguidos para la elección final de obras?», pregunta la Comisión Ejecutiva de la AAVIB. «Estos criterios no pueden ser otros que el único y meramente económico según las bases. Y no puede ser que la Direcció General d'Arts Visuals se niegue tanto a hacer públicos los precios de las obras adquiridas como los criterios personales de ellos para elegir obras. De transparente no tiene nada», afirma Ceball.
Tras ser llamada a consultas la semana pasada la representante de la AAVIB en la comisión evaluadora, se informó a la Comisión Ejecutiva de la AAVIB que los criterios de igualdad de género y otros ya habían sido considerados por el jurado en la selección previa. También los criterios con los que habían sido elegidos los seleccionados, estrictamente técnicos y profesionales relativas a la colección del consistorio. Pese a ello, «la preferencia por artistas emergentes no se indicaba en las bases de la convocatoria e invalida el criterio en la selección final por parte del Servei de Cultura», afirman desde la AAVIB. «También, según las bases, no había preferencia entre artistas sin obra en la colección y artistas con obra menor o no representativa. Era una condición indistinta para presentar ofertas», insisten.
El «hecho más grave», según la AAVIB, es la negativa de Cultura de hacer público el precio de las obras adquiridas, «que incumplen tácitamente las bases de la convocatoria». «Las bases indican en la convocatoria que debe publicarse información sobre la selección anunciada, es decir, quién es el vendedor (galería o artista), las características de las obras y el precio final de cada una de las adquisiciones». Ceball muestra su «preocupación» respecto al tema económico: «Nos parece grave que no se cumplan las bases ni la máxima transparencia sobre el criterio económico ni las explicaciones sobre cómo se ha hecho esta selección, que no se exponga la justificación de elegir opciones de mayor valor económico frente a otras de menor precio y sobre todo, de alterar el orden de valoración indicada por la comisión evaluadora profesional, lo que por supuesto, provoca nuestras fundadas sospechas institucionales de favoritismo en la elección. Por supuesto, es imposible hacer una auditoría a este proceso si no tenemos el listado de precios, quiénes han sido comprados y por qué. La negación de Arts Visuals a entregar esta documentación nos parece grave».
La Comisión Ejecutiva de la AAVIB exige al área de Cultura de Cort «los listados de precios de obras y los criterios de selección». «La Direcció General d'Arts Visuals debe transparentar esta información para poder hacer la correcta auditoría. Si no sucede, comenzaremos el proceso legal para impugnar esta convocatoria. Esto no es solamente por nuestras afiliadas y afiliados que se han visto afectados, sino también por todos quienes presentaron obra a concurso, que tienen todo el derecho a saber qué sucedió, por transparencia y porque el consistorio tiene la obligación de hacerlo, por transparencia. Si no hay voluntad, impugnaremos la convocatoria y eventualmente exigiremos responsabilidades políticas», sentencia Ceball.