El proyecto de Apoyo Psicosocial y de intervención en infancia y adolescencia del Ajuntament de Palma, para familias en situación de riesgo y vulnerabilidad social, ha atendido a 172 familias en 2010, cifra que supone un aumento del 65,3 % en los últimos dos años
El proyecto está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social atendidas en los Centros Municipales de Servicios Sociales Comunitarios Básicos del área de Bienestar, ha detallado el consistorio en un comunicado.
Si en 2018 atendieron a 104 familias, en 2020 han recibido apoyo 175, con una población total de 551 personas, de las cuales 119 son menores de 12 años, 129 tienen entre 13 y 18 años y 263 son adultos.
De los casos atendidos, un 68 % son familias con problemas sociales, un 12,2 % de los adultos presentan falta de habilidades en la crianza y un 5,2 % son jóvenes con expediente abierto de reforma.
La coordinadora general de bienestar, Catalina Trobat, ha explicado sobre los resultados que, una vez han pasado por el programa, «la mayoría de los participantes presenta una mejora en el estado del bienestar de los niños y adolescentes y una merma en la conflictividad de las relaciones familiares produciendo una reducción de los factores de riesgo».
El programa tiene un presupuesto de 225.000 anual, financiado parcialmente mediante un convenio con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).
Está diseñado como el primer paso en previsión de la delegación de competencias en materia de declaración de riesgo prevista en la ley de Atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de Baleares.
El programa quiere potenciar el bienestar y la calidad de vida de las familias atendidas en los servicios sociales, en aquellos hogares donde hay menores, para disminuir el riesgo, potenciar las competencias de crianza, favorecer la integración social y comunitaria de las familias; dinamizar, mejorar la comunicación y convivencia entre los jóvenes y los adultos de las familias, reforzar sistemas de apoyo e implementar planes de trabajo con familias que tienen declaración jurídica de riesgo.
Este servicio supone una intervención precoz, que pretende disminuir el riesgo desde una primera detección.
En 2020, el trabajo lo desarrolló un equipo formado por tres psicólogas. El pasado enero se incorporó una cuarta.