Las regidurias de Modelo de Ciudad y Cultura del Ajuntament de Palma han tenido un desencuentro este martes a la hora de valorar la intervención artística de José Luis Mesa en la fachada del hotel Son Armadans. En la comisión de Centre Històric, los concejales Neus Truyol y Antoni Noguera, ambos de Més, han emitido valoraciones y votos diferentes sobre la autorización de esta obra que se gestó durante el confinamiento, mientras se ejecutaba la reforma interior del citado establecimiento.
Truyol, en calidad de regidora de Urbanismo, se ha mostrado partidaria de no autorizarla, mientras que Noguera la ha avalado. Cabe señalar que la intervención se encontraba paralizada desde antes de verano, debido a que el Ajuntament de Palma valoró que la promotora de la obra de reforma no tenía permiso para modificar la fachada de este edificio del arquitecto Guillem Forteza.
Finalmente, la citada comisión ha informado negativamente sobre este asunto. El informe -no vinculante- se trasladará ahora a la gerencia de Urbanismo, que es la que tendrá que tomar la decisión final sobre si el mural debe ser retirado.
Esto es un ejemplo evidente de la inseguridad jurídica a la que el contribuyente, sea hotelero, restaurador, industrial, autónomo o de cualquier índole está sometido. La norma no existe, se comprueba que vamos a merced del antojo del político de turno. Y ahora se prevé un contencioso en el que se reclamarán daños y perjuicios por tener, a este empresario, enredado día si y día también, sin poder saber a qué atenerse, culminar la remodelación de sus instalaciones, abrir su establecimiento y reincorporar a toda su plantilla y sacarla del probable erte al que deben estar acogidos. Como referencia a estos despropósitos la de los mas de 150 millones de euros que el Govern deberá pagar por indemnizaciones por sentencias condenatorias firmes. Hay que pedir responsabilidades a estos políticos que gestionan la ciudad a modo de capricho y careciendo de normativa y criterio.