Cort cuenta este año con 120.000 euros para ayudas sociales destinadas al alquiler de vivienda de familias que serán desalojadas de Son Banya en la segunda fase del proceso, así como para indemnizaciones. En concreto, podrá llegar a conceder hasta 1.000 euros al mes a estas familias para gastos de vivienda, por tratarse de una situación excepcional.
El pasado mes de febrero, la Regiduria de Cultura i Benestar Social calculaba poder dar un incentivo total de entre 15.000 euros y 20.000 a estas familias, entre dinero y otras ayudas para el alquiler, según la situación de cada una.
El Ajuntament de Palma informó este jueves que ha reanudado esta semana la segunda fase de desalojo del poblado de Son Riera-Son Banya y ha publicado el anuncio de licitación de las obras de demolición de los 95 albergues que aún quedan en Son Banya y donde viven unas 85 familias.
El área de Benestar Social estima que de esas 85 familias, 68 necesitarán ayuda para encontrar una alternativa habitacional, ya sea con una vivienda o con ayuda económica.
Inicialmente el programa de desalojo previó afectaba a un total de 80 familias que necesitarían ayuda social. De ellas, ya en la primera fase entraron en el programa 12 familias: 8 fueron realojadas en vivienda pública en régimen de alquiler, 3 recibieron ayudas económicas (con un coste aproximado de 3.000 euros cada una para poder conectar el suministro de agua a sus hogares) y una familia rechazó la vivienda que se le había adjudicado.
«Un paso más»
Las obras de la segunda fase tienen un coste de 917.575 euros y se ajustarán a los procedimientos y desalojos previstos. El plazo de ejecución es de 45 meses y las ofertas se pueden presentar hasta el 16 de junio a las 14: 00 horas.
De esta manera, asegura el Consistorio, «se da un paso más para la erradicación definitiva del poblado, que había quedado parada debido al estado de alarma provocada por la COVID-19». A diferencia de la primera fase, en esta ocasión las demoliciones no se harán por albergues sino por islas, para mejorar la seguridad y la efectividad del proceso. Una vez derribadas se construirá un talud para evitar que se vuelvan a levantar nuevas construcciones.
Todo el proceso se ha visto afectado por la crisis del coronavirus. Así, a medida que se vaya reiniciando la actividad judicial se iniciarán los procesos de órdenes de desahucio para las 95 viviendas. En paralelo, también se retomará la elaboración de un nuevo censo de los habitantes del poblado, un recuento que ha sido adjudicado a Cruz Roja.