Un informe de la Conselleria de Medi Ambient desvincula los vertidos de aguas fecales de Emaya de daños medioambientales y, en concreto, de la destrucción de posidonia. El documento ha sido aportado a la causa que sigue el Juzgado de Instrucción 12 de Palma por un posible delito ambiental y supone un balón de oxígeno para los investigados que deben comparecer en una semana ante la jueza.
El documento certifica que las actuales instalaciones de depuración de aguas de Emaya cumplen con la normativa que se les puede exigir y se adecuan a la protección de la Bahía de Palma. Así, justifican la ausencia de determinados filtros en la depuradora para algunos contaminantes pesados.
El informe del Govern también señala que es imposible establecer un vínculo entre los niveles de contaminación que sufre la Bahía cuando hay vertidos de aguas fecales con la destrucción de posidonia. En ese sentido indican que no existe un registro de datos suficiente para apreciar la existencia de una correlación porque no se guardan mediciones anteriores de estos daños. En parte estas conclusiones chocan con los informes presentados en la causa por el Seprona de la Guardia Civil, que son la base con la que se abrió la investigación penal.
Investigación
La investigación en torno a los vertidos de Emaya arrancó el pasado verano tras una denuncia presentada a título particular por el abogado Santiago Fiol primero ante la Fiscalía y luego en el juzgado. A partir de ahí, el área de Medio Ambiente del ministerio público y el Seprona llevaron a cabo una investigación que incluyó pinchazos telefónicos a la antigua cúpula de Emaya. Ese informe sostiene que existen indicios de la comisión de delitos contra el medio ambiente por el retraso en la construcción de una nueva depuradora que sustituya a la actual y por no destinar a ese fin el canon de saneamiento que pagan los ciudadanos.
El juzgado levantó el secreto de sumario el pasado mes de septiembre y hace un mes concretó las imputaciones y citó a declarar a varios técnicos de la empresa pública municipal, a su anterior presidenta, Neus Truyol y a la anterior gerente, Imnaculada Mayol. Estas citaciones se retrasaron a la espera de unos resultados de análisis de las aguas durante los vertidos.
El jueves arrancan las declaraciones y el viernes comparece Neus Truyol
uEl jueves y el viernes de la próxima semana arrancan las declaraciones de los investigados en el ‘caso Emaya' ante el juzgado de Instrucción. El jueves compareceran varios técnicos de la empresa municipal y el viernes, además, la expresidenta y ahora concejala de Urbanismo, Neus Truyol, el principal cargo político investigado. Todos ellos defenderán que los vertidos se deben a que la depuradora está colapsada ya que su vida útil terminó hace décadas y que no ha habido financiación para renovarla. Además, sostendrán que hasta su mandato en la anterior corporación municipal, no se avisaba a la población de que se producían los vertidos ni se cerraban playas. Las defensas han aportado numerosa documentación para apuntalar estas tesis y también plantean que un posible delito habría sido también cometido por anteriores responsables.