El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. Entre las medidas que recoge el texto, que desde hace meses tiene preparado el ministerio de Pablo Bustinduy, están la de ampliar las prestaciones a cuidadores del entorno familiar y «relacional» (vecinos, amigos), agilizar los procedimientos y eliminar la incompatibilidad entre prestaciones que no permitía, por ejemplo, asistir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio.
El anteproyecto que está sobre la mesa del Consejo de Ministros reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo, el derecho de accesibilidad universal y amplía prestaciones y servicios. Extiende la ayuda a domicilio que hasta ahora se prestaba solo dentro de las casas hacia otras tareas del entorno comunitario, como el acompañamiento al médico, a la compra o a actividades del centro de día. Además, incorpora recursos de apoyo en la vivienda, como facilitar material como préstamo o cesión temporal (sillas, grúas) para que el dependiente pueda permanecer en su domicilio si lo desea el mayor tiempo posible.
En la propuesta trasladada por Derechos Sociales se apuesta por fórmulas habitaciones y «diferentes modalidades de vivienda con cuidados y apoyos» que faciliten a las personas en situación de dependencia desarrollar su proyecto de vida en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades y preferencias personales. También elimina el plazo suspensivo máximo de dos años previsto para la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Según la ley actual, la administración no está obligada a conceder esa prestación con carácter retroactivo aunque tarde una media de un año o más en valorar el grado de dependencia.
La reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia hará efectivos los cambios del artículo 49 de la Constitución y adaptará la norma a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo es, a través de un único anteproyecto, reformar ambas leyes para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme a la nueva redacción de la carta magna. El ministro ha incidido en varias ocasiones en que la reforma quiere revertir los recortes en materia de dependencia que llevó a cabo el Gobierno del PP y que señala que ascienden a 5.406 millones de euros.
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