El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha prohibido este jueves a seis de las acusaciones populares personadas en el Tribunal Supremo, a excepción del PP, que estén presentes en la Sala para seguir la declaración del exministro de Transportes José Luis Ábalos, una decisión que van a recurrir.
Este miércoles, Puente acordó que el PP represente y ejerza la dirección letrada de las siete acusaciones populares personadas, por ser la primera en hacerlo. Con este contexto y sin una orden directa por parte del juez, las acusaciones han llegado esta mañana con la incertidumbre de si iban o no a entrar en la Sala, pero con la intención de poder tratar estar cuestión directamente con el magistrado unos minutos antes.
Así, han intercambiado unas breves palabras con el magistrado en la Sala antes de la comparecencia de Ábalos con la finalidad de poder quedarse a la declaración, aunque no interviniesen, pero el juez les ha negado esa posibilidad. Por tanto, será el PP la única de las siete acusaciones populares que seguirá el interrogatorio y podrá preguntar al ex ministro, como así acordó este miércoles el magistrado, que unificó en el PP la dirección letrada de las acusaciones populares para evitar dilaciones indebidas, por ser la primera en haberse personado ante el tribunal.
Fuentes jurídicas informan de que debido a este incidente, la declaración de Ábalos, prevista para las 10.00 horas ha comenzado con a las 10.25 horas y se prevé larga una vez que el exministro ha anticipado ya su intención de responder a todas las partes. Por orden de fecha de personación, las acusaciones populares personadas son el Partido Popular, Vox, el autodenominado sindicato Manos Limpias, Asociación Liberum, Asociación Hazteoir.org, Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el partido político Iustitia Europa.
En declaraciones a los medios, Marta Castro, de Vox, ha denunciado que este fallo busca «limitar el acceso a la justicia», mientras que Alexis Aneas de Liberum ha asegurado que este decisión supone «de facto la abolición de las acusaciones populares». Las acusaciones populares, dispuestas a recurrir hasta la Justicia europea, reivindican su derecho a estar presente en la comparecencia porque -dicen- el PP puede tener intereses diferentes a los suyos.
Para Javier María Pérez Roldán, de la organización ultracatólica Hazte Oír es «el principio del fin de las acusaciones populares porque va en concordancia además con lo que pretende el Gobierno, que es limitar el acceso de las acusaciones populares a estos procedimientos», un hecho que «no ha existido nunca en nuestro derecho histórico y no podemos permitir que se sienten estos precedentes».
Igualmente, Luis Pardo, de Iustitia Europa, ha querido dejar claro que «la figura de la acusación popular en estos tiempos para España es imprescindible en la lucha contra la corrupción», más aun cuando estas decisiones pretenden «expulsar a la sociedad civil de la justicia». En líneas generales, las acusaciones han denunciado que esta decisión «atenta contra la tutela judicial efectiva» y vulnera el «principio de igualdad de armas» si bien «lo más grave» es que se pretende «expulsar a las acusaciones populares», cuando, han recordado, gracias a ellas se han llevado a cabo las mayores causas de corrupción en este país.