El preacuerdo de investidura de ERC y PSC prevé «transformar» el Aeropuerto de Barcelona para que gane capacidad con nuevas conexiones intercontinentales de largo radio, para lo que se dará continuidad a la labor de la comisión técnica acordada entre Generalitat y Gobierno. Lo contempla el preacuerdo para investir presidente de la Generalitat el líder del PSC, Salvador Illa, suscrito entre ambos partidos y recogido por Europa Press, y que incluye un paquete de medidas sobre infraestructuras además de contemplar la salida del régimen común y la gestión de todos los impuestos que se recaudan en Cataluña.
Así, ambas formaciones acuerdan que «el conjunto del sistema aeroportuario de Catalunya merece una modernización que fomente un mayor equilibrio territorial que corrija la excesiva especialización del aeropuerto de Barcelona-El prat en vuelos cortos punto a punto, en favor de una mayor conectividad de largo radio». Por eso, acuerdan «dar continuidad a la labor de la comisión técnica acordada entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España para definir el nuevo modelo de gestión catalán aeroportuario con el objetivo de transformar el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para que gane capacidad con nuevas conexiones intercontinentales de largo radio». Este nuevo impulso al Aeropuerto barcelonés «debe respetar la biodiversidad, la convivencia con vecinos y vecinas y las directivas ambientales europeas», así como velar por el consenso necesario territorial e institucional.
También prevén «determinar las características del futuro sistema aeroportuario catalán, que incorporará los roles que también deben tener los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell, y Lleida-Alguaire». ERC y PSC se comprometen a promover las modificaciones legales necesarias para hacer efectiva la creación de un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Catalunya (CRAC), en sustitución del actual comité de coordinación aeroportuaria (CCA), para que la Generalitat «tenga un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario». Está prevista, asimismo, la creación de la Autoritat Aeropòrtuaria de Catalunya que «vehiculará los intereses de Catalunya en el nuevo modelo de gobernanza» y centralizará las competencias propias de la Generalitat relacionadas con esta actividad.
El preacuerdo prevé aprobar un Pacte Nacional per a la Llengua que cuente con 200 millones de euros de financiación en su primer año, según el documento consultado este martes por Europa Press. Este Pacte Nacional se deberá aprobar en los primeros 100 días del próximo Govern y se deberá dotar de la correspondiente financiación anual para su despliegue. El texto señala que se deberá crear una Conselleria de Política Lingüística, con un plan de acción transversal que se proyecte sobre el resto de departamentos.
Asimismo, ambos partidos se comprometen a «garantizar el catalán como la lengua de uso normal de las administraciones y de las instituciones catalanas» en sus actuaciones internas, la relación entre ellas y las comunicaciones a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán. En todo caso, el documento señala que no se debe perjudicar el derecho de opción lingüística de los ciudadanos en su relación con las administraciones.
El preacuerdo contempla que se debe garantizar que alcancen el nivel C1 de catalán todos los graduados en universidades catalanas de «grados lingüísticamente estratégicos», como salud, derecho, trabajo social y ciencias de la comunicación. De esta forma, deben lograr la «competencia lingüística necesaria para atender a los pacientes y los usuarios del país».
Además, los estudiantes del grado de educación primaria deberán tener el nivel C2, y se deberá potenciar su obtención en otros grados, especialmente en aquellos más orientados a la docencia, así como en el máster universitario de formación del profesorado. Por otro lado, el preacuerdo señala que el catalán debe ser la lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo, aunque la determinación de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria «deberá estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos». Los centros deberán hacer un proyecto lingüístico e «impulsar medidas de apoyo educativas en cada lengua» que no podrán ser impuestos y ajenos a los criterios pedagógicos.
El documento recoge que el Govern deberá «establecer un calendario de capacitación del personal y normalización del uso» del catalán entre los trabajadores de Salud y Derechos Sociales. También obliga a desarrollar un plan de impulso del catalán en el audiovisual y el entorno digital y garantizar «activamente» el cumplimiento de la legislación en derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y el comercio.